Por primera vez en la investigación del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) busca procesar por primera vez a un funcionario del aparato de inteligencia del Gobierno de México, Ignacio Mendoza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por cometer los delitos de tortura, coalición de servidores públicos, intervención de comunicaciones privadas y encubrimiento de la desaparición forzada de personas, informó El País.
De acuerdo con la investigación, Mendoza, quien es parte del CNI al menos desde 2012, participó directamente en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, uno de los detenidos del caso, quien actualmente está en libertad, tras ser absuelto de las acusaciones en su contra por las irregularidades del proceso.
En este sexenio se ha conocido más sobre el papel de la intervención de comunicaciones privadas en contexto del caso Ayotzinapa, el caso contra Mendoza fue elaborado a partir de decenas de videos que el CNI entregó a la FGR; en octubre de 2021, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) reveló conversaciones de varios actores supuestamente involucrados en la desaparición de los normalistas que obtuvo el Ejército; además, no se puede olvidar que el mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objetivo del malware Pegasus.
Sin embargo, quedan muchas interrogantes sobre el uso del aparato de inteligencia, legal e ilegalmente en el caso. En 2015, la investigación recayó en Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quien está prófugo de la justicia mexicana y vive cómodamente en Israel gracias a sus conexiones con la industria de la tecnología de la vigilancia de ese país.
Asimismo, sigue sin responderse ante la opinión pública por qué el Ejército realizó intervención de comunicaciones privadas y con qué herramientas, ya que las fuerzas armadas carecen de facultades legales para realizar este tipo de acciones. Estas escuchas habrían sido realizadas supuestamente con la autorización de un juez, lo cual es jurídicamente imposible.
En agosto de 2021, el presidente López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina poseen equipo de inteligencia y se comprometió a informar al respecto. Hasta la fecha, esta información sigue sin hacerse pública; igualmente, la Sedena continúa sin hacer públicos los contratos de Pegasus que suscribió durante el sexenio de Felipe Calderón.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
