El Ejército mexicano llevó a cabo intervenciones de comunicaciones de varios actores involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, reveló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Sin embargo, las fuerzas armadas carecen de facultades legales para realizar este tipo de acciones, por lo que se debe aclarar su origen.

Los mensajes revelados por el Ejército habrían sido interceptados entre el 4 y el 5 de octubre de 2014 y estos pertenecerían a Francisco Salgado Valladares, de la Policía de Iguala; una persona denominada Gilberto Gil, supuesto jefe de Guerreros Unidos en Iguala y testigo protegido de la Fiscalía; Alejandro Palacios Cholo, del grupo criminal en Huitzuco; y una persona llamada Ramón, quien pertenecería a policía de Tepecuacuilco.

Los diálogos interceptados por el Ejército desvelaron información hasta ahora desconocida sobre el caso Ayotzinapa. Las conversaciones se hicieron públicas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comisión transparentar las declaraciones de 30 militares que habían sido testadas.

En lugar de difundir la información ordenada por el presidente, la Covaj optó por divulgar los mensajes interceptados por el Ejército. Sin embargo, la Comisión no aclaró cuál fue el uso que le dio la institución a las intervenciones, por qué las llevó a cabo, durante cuánto tiempo, cuántas realizaron y bajo qué marco legal.

Organizaciones y especialistas que acompañan a las víctimas, como el Centro Prodh, criticaron la publicación de las conversaciones, además de solicitar que se aclare su origen. Aunque existen versiones de que estas escuchas fueron llevadas a cabo con la autorización de un juez, eso es jurídicamente imposible, ya que el Ejército carece de facultades legales para la intervención de comunicaciones.

Esto cobra mayor relevancia a la luz de las declaraciones del presidente López Obrador, quien aceptó en agosto de 2021 que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina poseen equipo de inteligencia y se comprometió a informar al respecto, sin que haya cumplido a la fecha su dicho. De igual forma, la Sedena continúa sin hacer públicos los contratos de Pegasus que suscribió durante el sexenio de Felipe Calderón.


Imagen de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CC BY 2.0)