#GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 19 junio, 2017

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.

En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.

Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.

A través de este informe hemos registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el gobierno federal.

Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.

Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.

A la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.

La presentación del informe #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México se realizará el lunes 19 de junio a las 13:00 horas. La transmisión puede seguirse a través del sitio de Facebook de R3D.

El documento puede descargarse y está disponible bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).


Congreso de Jalisco pide al gobierno local informar sobre software de vigilancia

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 20 julio, 2017

Durante la noche del miércoles, un punto de acuerdo fue aprobado en el congreso estatal para que el Gobierno de Jalisco informe sobre los distintos programas que pudiera estar utilizando para intervenir comunicaciones privadas.

Los diputados buscan que el gobierno informe sobre operaciones, adquisiciones y servicios contratados por las autoridades, además de los procedimientos bajo el que se usa el equipo “Galileo” de la empresa Hacking Team. En R3D revelamos pruebas de su adquisición por el gobierno local de Jalisco durante 2015.

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Ismael del Toro, Presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que buscan conocer esta información porque es posible que se estén violando los principios que definen su uso exclusivamente para investigaciones criminales. Lo anterior tras conocer las pruebas de que la Secretaría General de Gobierno del estado fue quien adquirió directamente “Galileo”.

“Ahora sí saber si el Gobierno del Estado está la misma lógica de lo que se dio a nivel nacional de un gobierno que a los adversarios políticos, a los comunicadores, a quienes no forman parte del régimen tiene elementos con dinero público que genera espionaje”, dijo, refiriéndose al caso #GobiernoEspía.

Por ahora no es requerida la comparecencia de funcionarios públicos, pero si el informe entregado resultara insuficiente se prevé activar mecanismos de rendición de cuentas para las secretarías involucradas.

En diciembre, junto con el diputado Pedro Kumamoto impulsamos una solicitud similar y varias de las peticiones planteadas hoy forman parte del punto de acuerdo presentado el miércoles.


Expertos de la ONU piden investigación imparcial sobre #GobiernoEspía

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 19 julio, 2017

 

Un grupo de cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas pidieron al gobierno mexicano que se realice una investigación independiente e imparcial sobre el uso de spyware contra defensores de Derechos Humanos y periodistas.

Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, exhortaron hoy al Gobierno de México a llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.

“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron.

Esto sucedió como parte de las acciones del grupo de Procedimientos Especiales del concejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación”, indicaron. “En ese sentido, llamamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.

Esto se suma a la exigencia de organizaciones nacionales e internacionales por abrir una investigación que cumpla los requisitos mínimos de imparcialidad, ya que en México los casos en los que Gobierno se investiga a sí mismo han terminado en claros casos de impunidad.

Puedes leer el comunicado completo aquí.

 


La renegociación del TLCAN busca endurecer el copyright y debilitar la privacidad

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 18 julio, 2017

Esta semana, el representante de comercio estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) publicó cuáles son sus objetivos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que da seguimiento a la promesa del entonces candidato Donald Trump.

Destacan puntos enfocados a endurecer las leyes de copyright en los países firmantes, entre ellos México. Mediante esta herramienta legal, el gobierno estadounidense -respondiendo a los intereses de las grandes empresas de su país- estaría interviniendo en un proceso legislativo que le corresponde exclusivamente al poder legislativo mexicano y que debe resguardar los derechos de las y los mexicanos en su conjunto.

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La organización Electronic Frontier Foundation (EFF) analizó el documento y detectó los puntos conflictivos con los derechos en el entorno digital de la población de ambos países. Entre ellos se encuentran:

– Asegurar medidas de gobernanza de la propiedad intelectual similares o que reflejen las leyes estadounidenses en otros países.

– Proveer estándares severos de protección de los derechos de autor, incluyendo por requerimientos mecanismos civiles, administrativos y judiciales expeditos y accesibles.

– Imponer medidas que eviten a los gobiernos restringir el cruce de datos transforterizo y no requerir que las empresas instalen infraestructura de computación local.

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos busca imponer normativas sobre los derechos de autor a otros países; la última ocasión sucedió durante las negociaciones del TPP.  Por otro lado, medidas como esta impedirían la protección de la privacidad de los usuarios en Internet y les harían susceptibles a espionaje masivo por parte de otros estados.


Miembros de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) exigen investigación sobre #GobiernoEspía

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 17 julio, 2017

Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la inclusión de México en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) señalaron mediante un comunicado conjunto su preocupación por el contexto de espionaje revelado en el caso #GobiernoEspía y piden que se garantice un clima de “seguridad, confianza y buena fe” en su diálogo con las autoridades.

EITI es una coalición internacional de gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil que promueve la rendición de cuentas y la transparencia del manejo de las ganancias obtenidas por la extracción de recursos naturales. Países como Alemania, Noruega, Colombia y Estados Unidos ya forman parte de esta organización internacional.

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Los grupos firmantes del comunicado lanzado el pasado viernes 14 de julio son los más destacados en la defensa del medio ambiente y la transparencia administrativa, como Transparencia Mexicana, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, FUNDAR e instituciones como la Universidad Autónoma de México o el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Debido al clima de crispación y las pruebas del espionaje cometido por el gobierno contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, las organizaciones piden “que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación independiente, imparcial, seria y efectiva sobre los hechos de espionaje, así como que se señalen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, además de cesar inmediatamente este tipo de prácticas ilegales que atentan contra los derechos humanos de las personas”.

También exigen que se pongan en marcha mecanismos extraordinarios que puedan asegurar la independencia de la investigación y que se transparenten todos los contratos de adquisición de cualquier tipo de spyware por dependencias públicas, no sólo aquellos que acrediten la compra de spyware de la empresa NSO Group, como Pegasus.

Por último solicitan al concejo internacional de EITI (Iniciativa para la Transparencia de la Industrias Extractivas) que dé seguimiento a estas peticiones hacia el Gobierno Mexicano para contribuir a generar las condiciones propicias para la participación de la Sociedad Civil en la generación de políticas públicas.

Las organizaciones y los actores sociales deben de poder expresarse sin restricción, coacción o represalia, actuar de manera libre, comunicarse y cooperar entre sí sin impedimentos, y participar de manera completa, activa y efectiva, así como acceder y ser partícipe de la toma de decisiones públicas” concluyen.


EFF publica edición 2017 de su estudio Who has your back?

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 14 julio, 2017

Las empresas de telecomunicaciones como AT&T, Comcast, T-Mobile y Verizon no ofrecen suficientes salvaguardas para los datos de sus clientes y, en cambio, son ávidas para proporcionarlos al gobierno de los Estados Unidos.

Este fue uno de los principales hallazgos de la nueva edición del estudio “Who has your back?“, de Electronic Frontier Foundation, dedicado a evaluar y acompañar las prácticas de protección a los datos de usuarios de empresas de tecnología y de telecomunicaciones en EE.UU.

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Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH insta a México a garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre denuncias de espionaje

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 12 julio, 2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en un comunicado su preocupación respecto a las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que ha instado al Estado mexicano a realizar “una investigación exhaustiva e independiente”.

Diversas organizaciones de derechos humanos externaron su alarma por las denuncias de espionaje ante la CIDH durante la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada el 6 de julio de 2017. Durante esta intervención, indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) es incapaz de garantizar una investigación imparcial y autónoma, y que “la única ruta posible hacia la justicia es por medio de la conformación de un panel internacional de expertas y expertos”.

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Todo lo que debes saber sobre el Action Day para defender la neutralidad de la red

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 

El día de hoy, 12 de julio, cientos de organizaciones que defienden los derechos en Internet, comunidades y empresas de tecnología de todo el mundo se unen en un día de acción para defender la neutralidad de la red de los ataques de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

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El posible espionaje al GIEI confirma la necesidad de que se incorpore un Panel Independiente a la indagatoria

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 10 julio, 2017
  • Espionaje contra GIEI es especialmente grave pues el Estado se comprometió a brindarles inmunidad diplomática.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.

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Confirman que el GIEI también fue objetivo del #GobiernoEspía

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 

Un nuevo informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que un teléfono del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) recibió mensajes de texto vinculados a la infraestructura del malware Pegasus, comercializado por la empresa NSO Group y adquirido por al menos tres dependencias del gobierno federal. Estos hallazgos se suman a los 93 intentos de espionaje documentados en contra de periodistas, científicos, activistas prosalud, defensores de derechos humanos y políticos.

Al igual que los ataques referidos en el informe Gobierno Espía, el envío de los mensajes de texto con enlaces maliciosos ocurre dentro de uno de los temas más importantes para el gobierno federal: la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (también conocida como caso Iguala o caso Ayotzinapa).

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) se conformó el 18 de noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los estudiantes desaparecidos, y el Estado mexicano. El objetivo del GIEI era proporcionar asistencia técnica en las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas y la identificación y sanción de los responsables.

De acuerdo con el informe del Citizen Lab, un teléfono móvil perteneciente al GIEI recibió dos mensajes de texto los días 1 y 4 de marzo de 2016. Ambos mensajes señalaban un supuesto fallecimiento e invitaban al objetivo a hacer clic en un enlace.

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Coyuntura de los mensajes

El 6 de septiembre de 2015, tras seis meses de trabajo, el GIEI presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que concluyó que no existe evidencia que sustente la hipótesis de la “verdad histórica” de la PGR, que sostiene que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en un basurero en Cocula.

A raíz de este informe, la presencia del GIEI en México se prolongó para un segundo periodo de trabajo, programado del 31 de octubre de 2015 al 30 de abril de 2016. Durante este lapso, el GIEI insistió en entrevistar a 26 militares relacionados con el caso, solicitud que fue denegada por el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR. El 8 de diciembre de 2015, después de que el GIEI presentó más evidencia rechazando la hipótesis del incendio de Cocula, un grupo de organizaciones denunció que el GIEI era blanco de una campaña de difamación y acoso.

En enero de 2016, nuevamente se denunció una campaña de desprestigio en contra de dos integrantes del GIEI; incluso la CIDH señaló los intentos de descalificación. El 21 de febrero, el GIEI denunció, entre otros obstáculos, que la PGR estaba entorpeciendo la investigación, ya que la fiscalía estaba fragmentando el caso al integrar nuevas carpetas no incluidas en el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano; por lo tanto, dichos documentos no eran examinados por el GIEI. La PGR negó las acusaciones.

El 28 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI anunciaron la realización de un nuevo estudio sobre el incendio de Cocula. Al día siguiente, 1 de marzo, el teléfono vinculado al GIEI recibió el primer mensaje de texto con enlace malicioso.

El 2 de marzo, la CIDH emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Al respecto del caso Iguala, la comisión urgió al gobierno mexicano a permitir al GIEI entrevistar a los militares involucrados. La CIDH también calificó la situación de Ayotzinapa como “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”.

El 3 de marzo, dos integrantes del GIEI solicitaron apoyo a la Unión Europea para realizar su trabajo, ante los obstáculos enfrentados. Al siguiente día, 4 de marzo, el teléfono del GIEI recibió un segundo mensaje de texto con enlace malicioso. Ese mismo día, la CIDH anunció la audiencia “Situación general de los derechos humanos en México” como parte del programa de su 157 periodo de sesiones.

La situación entre el GIEI y el gobierno mexicano se tornó cada vez más tensa y la campaña de desprestigio se intensificó. Varios espacios mediáticos mantuvieron una línea de descalificaciones en contra del GIEI, además del surgimiento de una demanda penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH, por el supuesto delito de fraude por “[el] dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

La situación llevó a que el 29 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara que no habría otra prórroga para el GIEI. El 1 de abril, uno de los integrantes del grupo, acompañado por funcionarios de la PGR, presentó resultados preliminares del estudio de fuego, sin el consenso de todos los peritos participantes. En su formulación, buscó retomar elementos de la hipótesis del incendio en Cocula.

El GIEI consideró roto el acuerdo de trabajo tras la acción de la PGR, además de que se consideró el dictamen como “no concluyente”. Esta tensión entre el GIEI y el gobierno mexicano se trasladó a la audiencia ante la CIDH el 8 de abril.

El GIEI presentó su informe final el 24 de abril de 2016 y concluyó su estancia en México el día 30.

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Similitudes con ataques documentados anteriormente

Los mensajes enviados al teléfono del GIEI presentan tres similitudes con los intentos de infección con Pegasus, documentados entre enero de 2015 y agosto de 2016.

1. El mensaje dirige a un sitio en la infraestructura de NSO utilizado en otros intentos de infección en México

Los dos mensajes recibidos por el GIEI contienen enlaces que dirigen al dominio smsmensaje[.]mx. Este dominio fue usado en 46 ocasiones documentadas.

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2. Mensajes con contenido similar fueron enviados a otros objetivos de Pegasus en México

El contenido de los mensajes, aduciendo al funeral del padre de una persona cercana al objetivo, ya había sido empleado con anterioridad contra objetivos de Pegasus en México. Llama la atención que el contenido es idéntico al mensaje recibido por Juan Pardinas el 21 de diciembre de 2015.

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3. Uno de los mensajes fue enviado desde un número de teléfono utilizado previamente en intentos de infección con Pegasus

El mensaje recibido el 4 de marzo fue enviado desde el número 55 52 89 94 27, mismo que ha sido vinculado con tres intentos de infección en contra de Carmen Aristegui en febrero de 2016. Uno de los mensajes (10 de febrero), además, comparte similitudes de contenido.

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Conclusiones

Los tiempos entre los intentos de infección y las coyunturas de trabajo del GIEI nuevamente sugieren al gobierno federal como un actor común. El grupo de expertos puso en tela de juicio la llamada “verdad histórica” de la PGR en el caso Ayotzinapa, además de haber sido objeto de una constante campaña de descalificación para inhibir su labor.

Así mismo, ha quedado comprobado que el malware Pegasus fue adquirido por la Procuraduría General de la República en 2014, con un contrato firmado por Tomas Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Zerón fue el encargado de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas, siendo señalado por numerosas irregularidades durante la indagatoria. El 15 de septiembre de 2016, renunció a su cargo tras ser acusado de manipulación de pruebas.

Estos nuevos hallazgos refuerzan la necesidad de una investigación seria e independiente, con un panel de expertos y expertas internacionales, para detectar y sancionar a los responsables de este espionaje con software altamente intrusivo; así como la urgencia de transparentar los contratos entre el gobierno federal con las empresas que comercializan este tipo de programas de vigilancia.


Sociedad civil señala al #GobiernoEspía durante audiencia de la CIDH

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 6 julio, 2017

Durante una audiencia pública del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se pronunció acerca del uso del malware de espionaje gubernamental Pegasus en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México.

En la audiencia “Justicia e impunidad en México”, Sandra Patargo, oficial adjunta de la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, externó que “en esta mesa hemos evidenciado cómo el Estado mexicano es incapaz de investigarse a sí mismo” y que la desconfianza en las autoridades “se recrudece a la luz del espionaje” en contra de los 15 objetivos del programa Pegasus, documentados en el informe Gobierno Espía, presentado en junio de 2017.

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¿Qué gobiernos tienen software de vigilancia en México y de qué empresas?

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 5 julio, 2017

En días recientes, se ha afirmado en diversos espacios mediáticos que el malware Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, ha sido adquirido, además de por instituciones federales, también por gobiernos de diferentes estados de la República. Un ejemplo son las columnas de Carlos Loret de Mola (El Universal) y Carlos Marín (Milenio), quienes corrigieron la información en publicaciones posteriores los días 3 y 4 de julio.

Otras instancias, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, han indicado que la PGR solicitará a los proveedores de software que vigilancia que “informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.
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Seis personas tuvieron Pegasus bajo su cargo en la PGR durante los ataques de #GobiernoEspía

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 3 julio, 2017

Oficios de la Procuraduría General de la República, a los que tuvo acceso Aristegui Noticias, demuestran que la operación del sistema Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, tuvo seis responsables entre el 29 de octubre de 2014 y julio de 2016.

Pegasus fue utilizado en este periodo para intentar espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas cuyo trabajo interfirió con los intereses del gobierno federal en hechos de relevancia nacional. Estos intentos de espionaje fueron documentados en el informe Gobierno Espía por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTic y Artículo 19, con la colaboración del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

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La Unión Europea multa a Google por prácticas monopólicas

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 

Google fue multado por las autoridades antimonopolio europeas con 2.7 mil millones de dólares por favorecer injustamente a algunos de sus servicios sobre los de sus competidores.

La compañía californiana habría dado ventaja a su servicio de compras en línea a través de búsquedas verticales, en relación con aquellos servicios de competencia que también se especializan en resultados de búsquedas, informó el periódico estadounidense The New York Times.

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La filtración de documentos sobre la adquisición de Pegasus por la PGR confirma la necesidad de que se incorpore un Panel Independiente a la investigación

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 29 junio, 2017

Ciudad de México, 29 de junio de 2017- El día de ayer diversos medios de comunicación revelaron documentos sobre la adquisición del spyware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

1. Sin ser prueba suficiente para excluir la posible adquisición del spyware Pegasus por otras instancias del Gobierno Federal, los documentos sí comprueban que PGR adquirió y cuenta con esa tecnología -como lo documentó el Informe #GobiernoEspía- por lo que se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido.

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Petya, otro ransomware basado en exploits de la NSA, infecta miles de dispositivos en el mundo

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 28 junio, 2017

Otro virus ransomware creado con el exploit ETERNALBLUE, filtrado del arsenal informático de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), está infectando a miles de computadoras en Europa y Asia.

El nuevo virus ha sido identificado como Petya y de acuerdo con eldiario.es el método con el que se ha propagado todavía no está comprobado, incluso por firmas de seguridad como Karspesky.

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