El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, U.S. Immigration and Customs Enforcement, confirmó que está utilizando herramientas de software espía capaces de acceder a teléfonos móviles y leer mensajes cifrados. La información se dio a conocer a partir de una carta del director interino de la agencia, Todd Lyons, enviada en respuesta a una solicitud del Congreso y posteriormente obtenida y revisada por NPR.
El sistema, conocido como Graphite, permite infiltrarse en dispositivos sin interacción del usuario, lo que amplía la vigilancia y el riesgo de monitoreo invisible. Esta herramienta forma parte de un contrato de 2 millones de dólares que ICE firmó con la empresa israelí Paragon Solutions al final de la administración de Joe Biden; su implementación fue suspendida temporalmente para revisar su cumplimiento con normas sobre el uso de software espía.
El acuerdo fue reactivado posteriormente durante la administración de Donald Trump, lo que permitió su uso operativo en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y posibles amenazas a la seguridad nacional. La revelación ha encendido alertas sobre afectaciones a la privacidad de personas en Estados Unidos, incluidas comunidades migrantes, periodistas y manifestantes.
El uso de esta tecnología ha sido cuestionado porque plantea serias dudas sobre la protección de derechos fundamentales, en particular la privacidad y la libertad de expresión. Organizaciones y especialistas advierten que estas herramientas pueden facilitar la vigilancia sin supervisión judicial estricta y aumentar el riesgo de abusos.
Ante la revelación, legisladores demócratas solicitaron explicaciones formales sobre el uso del software y sus límites legales, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional, U.S. Department of Homeland Security, defendió estas tecnologías como parte de sus labores de aplicación de la ley, asegurando que se respetan las libertades civiles.
Si bien las autoridades sostienen que estas herramientas son necesarias para combatir delitos graves, su uso sin controles claros puede sentar precedentes peligrosos para la vigilancia estatal, debilitar la confianza pública y normalizar prácticas que erosionan la privacidad como derecho fundamental. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos en la era digital.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
