El gobierno de Donald Trump está avanzando en la creación de una base de datos masiva centralizada que conjunta la información de diversas agencias federales, según reporte el medio The Intercept. La base integra datos sensibles como registros migratorios, números de Seguro Social y datos biométricos, entre otros.
Este plan arrancó con la emisión de una orden ejecutiva para expandir la compartición de bases de datos en el gobierno federal. Bajo el pretexto de eliminar “silos de información”, la orden ejecutiva ha permitido que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tenga mayor acceso a las bases de datos de las autoridades de seguridad locales.
Otras agencias también han expandido sus capacidades para acceder a bases de datos. Por ejemplo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental ahora tiene acceso a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, incluyendo los números de seguridad social. También ICE, la autoridad migratoria, puede acceder a información de seguros médicos, información bancaria, e incluso datos biométricos por parte de la Agencia de Seguridad de Transporte (TSA).
La medida resulta problemática porque rompe con principios básicos de protección de datos que limitaban el intercambio de información entre agencias únicamente a casos necesarios. Al eliminar estas barreras, se abre la puerta a un acceso más amplio, menos controlado y potencialmente arbitrario a datos sensibles.
Además, la creación de una base de datos centralizada no solo incrementa el poder del Estado sobre la vida privada de las personas, sino que también genera un punto único de vulnerabilidad frente a ataques informáticos o filtraciones. Esto podría comprometer información financiera, médica y personal a gran escala.
Desafortunadamente, este modelo de centralización es similar al escenario de México tras las recientes reformas en materia de inteligencia. Por ejemplo, las leyes de seguridad e inteligencia permite la interconexión de bases de datos públicas y privadas, a través de la Plataforma Central de Inteligencia, con acceso amplio por parte de las autoridades y sin controles judiciales claros.
La concentración masiva de información personal en manos del Estado, sin mecanismos robustos de rendición de cuentas, altera el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. La protección de la privacidad no es un obstáculo para la eficiencia, sino una condición necesaria para evitar abusos de poder y preservar la autonomía de las personas en una sociedad democrática.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
