R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales participó en una contribución conjunta para un informe sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la era digital, convocada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La contribución fue realizada junto con la Clínica de Justicia Internacional de la Escuela de Leyes Irvine de la Universidad de California, el International Center for Not-for-Profit Law (INCL), el Institute for Policy Research and Advocacy, la Human Rights Journalists Network de Nigeria, entre otros.
En su aportación R3D destacó que las reformas recientes en México han generado un entorno especialmente preocupante. La eliminación del organismo autónomo encargado de la transparencia y protección de datos, junto con cambios legales que introducen conceptos ambiguos como “paz social” o “intereses del Estado”, han reducido significativamente los controles sobre el poder gubernamental.
A esto se suma la creación de sistemas de vigilancia masiva y bases de datos centralizadas que recopilan información personal de manera obligatoria. En conjunto, estas medidas no solo debilitan la protección de la privacidad, sino que también pueden inhibir el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, al generar un entorno donde las personas pueden sentirse constantemente observadas.
Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil y víctimas han impulsado acciones legales y esfuerzos de documentación para evidenciar abusos, incluyendo denuncias ante fiscalías especializadas por vigilancia ilegal. Estas iniciativas han enfrentado obstáculos importantes: investigaciones que no avanzan, negativa de las autoridades a proporcionar información, y ausencia de registros oficiales sobre las intervenciones.
En algunos casos, incluso se han documentado prácticas de vigilancia bajo distintas administraciones, lo que apunta a problemas estructurales más que incidentes aislados. La respuesta institucional, lejos de esclarecer los hechos, ha tendido a reforzar la opacidad.
Cuando los mecanismos de vigilancia se expanden sin controles efectivos, no solo se pone en riesgo la privacidad individual, sino también la posibilidad de participación crítica en la vida pública. La falta de transparencia y rendición de cuentas no es un problema técnico, sino democrático: limita la capacidad de la sociedad para cuestionar al poder y debilita la confianza en las instituciones.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
