El creador conocido como “El Feo”, responsable del proyecto La Filmoteca Maldita y la web Zoowoman, enfrenta una solicitud de dos años y medio de prisión, una indemnización que oscila los 870 mil euros, y la eliminación total de su presencia en internet, reporta Qué!. De concretarse las sanciones, desaparecería un proyecto dedicado a la difusión de cine descatalogado o de difícil acceso.
La controversia se centra en la interpretación del concepto de “ánimo de lucro” dentro de la legislación de propiedad intelectual. La acusación, liderada por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), sostiene que incluso los ingresos indirectos, como las donaciones de seguidores, pueden considerarse un beneficio económico derivado de la difusión de contenidos no autorizados.
Esta interpretación abre la puerta a sancionar modelos comunes de financiamiento en internet, como el micromecenazgo, y podría sentar un precedente que afecte a creadores, divulgadores y proyectos educativos que operan fuera de esquemas comerciales tradicionales.
Durante el proceso, “El Feo” ha recibido el apoyo de académicos, estudiantes y comunidades culturales internacionales que destacan el valor formativo y divulgativo de su trabajo. La acusación se enmarca en el contexto de la reforma penal de 2015 en España y en la protección de derechos gestionados por entidades vinculadas al productor Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y figura clave en la industria audiovisual española.
La persecución del proyecto Zoowoman, vinculada al inicio de proceso en 2021, coincidió con el impulso de servicios de streaming de pago enfocados en cine de catálogo por parte de Enrique Cerezo, alimentando la discusión pública sobre un posible conflicto de interés entre la protección de derechos de autor y el desarrollo de iniciativas comerciales que utilizan parte del mismo patrimonio audiovisual.
Frente a estas acusaciones, el creador sostiene que sus ingresos provienen exclusivamente de aportaciones voluntarias de su comunidad y denuncia un trato desproporcionado por parte de las autoridades. El caso refleja una tensión entre la protección de los derechos de autor y el acceso a la cultura: cuando la interpretación legal se amplía de forma excesiva, existe el riesgo de desincentivar iniciativas que preservan y difunden patrimonio cultural fuera de los circuitos comerciales.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
