El uso y la proliferación de herramientas de vigilancia sin controles es uno de los retos más importantes que enfrentan nuestras sociedades, ya que las capacidades tecnológicas de algunas de estas herramientas son incompatibles con un régimen democrático, aseguró Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante su participación en una conversación sobre Pegasus, organizada por Human Rights Watch (HRW).

En la charla participaron también la directora de Crisis y Conflictos, Lama Fakih; la directora asociada de Seguridad de Información, Abir Ghattas; la investigadora Deborah Brown, todas de HRW, y el director y fundador de El Faro, Carlos Dada. En el caso de Fakih y Dada, además de su amplio conocimiento sobre el malware y NSO Group, ambas personas también fueron víctimas del espionaje con la herramienta Pegasus.

Durante su exposición, García advirtió de los enormes retos que enfrentamos como sociedades ante las potentes herramientas de espionaje que se desarrollan y utilizan en el mundo, incluyendo Pegasus, y aseguró que actualmente no es suficiente saber que nuestros gobiernos las poseen o pueden utilizarlas, ya que su potencial de abuso trasciende idiosincrasias y la magnitud del problema real es desconocida.

En este sentido, el director de R3D explicó que es necesario conocer qué herramientas poseen los gobiernos y cuáles son sus capacidades. “Esta información es algo que tenemos que saber de manera pública y no puede ocultarse detrás del argumento de la seguridad nacional”, señaló.

García consideró que la regulación o prohibición de esta tecnologías es un paso necesario para nuestras sociedades y lo comparó con lo aplicado con otros desarrollos, como las armas nucleares, “para asegurarnos que sus efectos no destruyan la libertad y la democracia en todo el mundo”.

En concordancia con lo expuesto por García, recientemente diversos organismos y especialistas del mundo han hecho repetidos llamados a establecer una moratoria global inmediata sobre la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que no exista un marco normativo global con base en los derechos humanos.

Credito: Imagen de Gibrán Aquino (CC-BY)