La Alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró ante el Consejo de Europa que los niveles sin precedentes de vigilancia alrededor del mundo, llevados a cabo por actores estatales y privados, son incompatibles con los derechos humanos, por lo que reiteró el llamado para que se imponga una moratoria global a la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que no se pueda garantizar el respeto a los estándares de derechos humanos en su uso.
La expresidenta de Chile refrendó la petición con anterioridad habían hecho especialistas de la organización, señalando que muchas personas desconocemos la verdadera cantidad de información que se recolecta, procesa, utiliza y distribuye sobre muchos de los aspectos de nuestra vida.
En una audiencia ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Bachelet declaró que las revelaciones sobre los abusos cometidos con Pegasus son todo menos sorpresivas. La comisionada mencionó que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas son solo otro ejemplo de cómo estas herramientas (supuestamente creadas para la seguridad) pueden terminar como armas contra personas con opiniones distintas.
Bachelet consideró que este nivel de riesgo es responsabilidad de los gobiernos y compañías que han desarrollado estas herramientas con una prevaleciente falta de transparencia, sin rendición de cuentas y escrutinio público, tanto en países autoritarios como en democracias.
“La ley de los derechos humanos aplicable es muy clara: las medidas de vigilancia solo son justificadas en circunstancias estrictamente definidas, basadas en la ley. Adicionalmente, estas medidas deben ser tanto necesarias como proporcionales para un objetivo legítimo”, concluyó la Alta Comisionada.
Imagen de UN GENEVA (CC BY-NC-ND 2.0)
