Privacidad

R3D inició su labor en la defensa de la privacidad en México a raíz de la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) a finales de 2013, que contemplaba la intervención de comunicaciones privadas, incluyendo la geolocalización y la recolección y acceso a metadatos. A partir de dicha labor de incidencia legislativa, la organización trabaja en diversas líneas estratégicas relacionadas a la privacidad en el entorno digital de las y los mexicanos.

 

R3D mantiene también una investigación y análisis permanente a las capacidades tecnológicas para la intervención de comunicaciones y la invasión a la privacidad que poseen autoridades federales, gobiernos locales y distintas dependencias en México.

Tema destacado
Organizaciones rechazamos EARN IT por sus impactos negativos en los derechos humanos

Organizaciones rechazamos EARN IT por sus impactos negativos en los derechos humanos

Más de 60 organizaciones que defienden derechos humanos fuera de y en el entorno digital enviamos una carta al Comité Judiciario del Senado de Estados Unidos para expresar nuestras preocupaciones y rechazo a la propuesta de Ley para Eliminar la Negligencia Abusiva y Desenfrenada de las Tecnologías Interactivas, conocida como EARN IT (por sus siglas en inglés), por los impactos negativos que podría tener para la libertad de expresión, la privacidad y seguridad en línea, entre otros.

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CIDH, RELE y OACNUDH exhortan a El Salvador a investigar la vigilancia ilegal con Pegasus

CIDH, RELE y OACNUDH exhortan a El Salvador a investigar la vigilancia ilegal con Pegasus

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) expresaron en un comunicado su preocupación ante las recientes revelaciones sobre la vigilancia ilegal contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, además, exhortaron al Estado salvadoreño a investigar los hechos y proteger a las víctimas.

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