Un ejecutivo de Apple recientemente cabildeó en contra de un proyecto de ley por el derecho a reparar en Oregon. Esta sería la primera vez que la compañía tiene un empleado que activamente muestra su postura sobre el derecho a la reparación en una audiencia pública, informa el medio digital 404 Media.
La posición de Apple en Oregón demuestra que, a pesar de apoyar una ley en pro del derecho a reparar en California hace algunos meses, la empresa sigue teniendo la intención de controlar su propio ecosistema de reparaciones, ofreciendo a las personas consumidoras piezas, manuales y servicios certificados por la propia compañía.
“Creemos que el lenguaje actual en el proyecto de ley sobre el emparejamiento de piezas socavará la seguridad y la privacidad de los habitantes de Oregón al obligar a los fabricantes de dispositivos a permitir el uso de piezas de origen desconocido en los dispositivos de los consumidores”, dijo John Perry, principal arquitecto de reparación segura de Apple.
Recordemos que hace algunos años Apple usó el mismo argumento, afirmando que permitir a los consumidores reparar sus iPhones era peligroso y convertiría a determinados estados en una “meca” para piratas informáticos.
La principal razón por la que Apple se opone a este proyecto de ley, al contrario de lo que ocurrió en California, es que lo presentado en Oregón restringe el “emparejamiento de piezas”, lo que representa una diferencia fundamental para la empresa.
Este sistema de emparejamiento de piezas consiste en que las piezas de repuesto están vinculadas a un dispositivo específico y sólo pueden ser desbloqueadas por Apple o un taller de reparación autorizado de Apple, lo que permite a la empresa de Cupertino mantener funcionalmente un monopolio sobre la reparación de iPhone y MacBook.
El emparejamiento de piezas no sólo impide a las personas consumidoras utilizar pantallas y baterías de repuesto que pueden comprar fácilmente en el mercado de accesorios, sino que les impide intercambiar pantallas y baterías de teléfonos fabricados por la propia Apple, por lo que no podrías quitar la pantalla de un iPhone 15 y ponerla en otro iPhone 15 sin que esa pieza se “empareje” criptográficamente utilizando hardware y software internos que Apple controla.
Apple tiene un largo historial de oposición a proyectos de ley que empujan por el derecho a reparar.
En 2017 se vio que la compañía, en alianza con otras grandes empresas de tecnología entre las que se encontraban Verizon, Toyota y Lexmark, hicieron un cabildeo agresivo en contra de “Ley de reparación justa” en Nueva York, donde algunos registros muestran que el grupo de presión en el que participaba Apple gastó $366,634 dólares para dicho fin. Después en 2022 contraatacó a la Ley de “Reparación Digital Justa” enviando una carta al gobernador de Nueva York donde negaban rotundamente los beneficios de la ley para la elección del consumidor, la seguridad y la protección del medio ambiente.
Lo mismo ocurrió en el Estado de Nebraska, donde Apple se unió a otras compañías para oponerse al proyecto de ley que obligaría a las compañías a proveer a los consumidores y talleres de reparación independiente con herramientas, manuales de servicio y refacciones para que no estén limitados por un único distribuidor. Esto era especialmente importante en un estado agricultor como lo es Nebraska, ya que los tractores y maquinaria para el campo se han vuelto equipo altamente especializado cuyas refacciones, diagnóstico y reparación monopolizan algunas empresas.
Actualmente muchos de los dispositivos electrónicos que usamos cuentan con algún tipo de software que los hace funcionar, desde la impresora de nuestras oficinas, pasando por los automóviles o electrodomésticos, y por supuesto nuestros teléfonos inteligentes que se han convertido en una herramienta de trabajo y entretenimiento. Por lo que repararlos sin la apertura de las empresas que diseñaron dichos softwares, es prácticamente imposible, afecta nuestros bolsillos, viola nuestro derecho a elegir e incluso daña el medio ambiente gracias a la enorme cantidad de basura electrónica que se genera debido a la obsolescencia programada.
