La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado mexicano a intensificar, de manera urgente, sus esfuerzos en las investigaciones por el uso ilegítimo del software de vigilancia Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En el comunicado, los organismos recordaron que los casos documentados de personas afectadas por el malware, en esta administración y la anterior, incluyen a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa y, recientemente, a un funcionario actual del gobierno federal, entre muchas otras.
Para la Comisión, este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales, pone en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos, labores que deben ser considerada en las líneas de investigación, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano.
Los organismos reconocen que las medidas adoptadas hasta el momento por las autoridades mexicanas resultan insuficientes, por lo que instan al Estado mexicano a:
- Adoptar todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública. Esto incluye que las autoridades rechacen de manera clara, pública y contundente cualquier tipo de injerencia ilegal a la privacidad de las personas por medio de la tecnología.
- Investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables; velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso; y garantizar cooperación efectiva que facilite a las autoridades a cargo de la investigación conocer sobre la información en poder de las instituciones del Estado y el sector privado concernido a fin de que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.
- Cesar inmediatamente cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia mientras no existan los marcos normativos que salvaguarden los derechos humanos.
- Instruir a todos los agentes del Estado a que se abstengan de utilizar el software Pegasus de modo ilegal y a denunciar este tipo de instrucciones cuando se realicen por parte de sus superiores.
Este pronunciamiento se suma al llamado de otros organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que tras la revelación del espionaje en contra del subsecretario Alejandro Encinas expresó la necesidad de que el gobierno de México conduzca una investigación “diligente, independiente, exhaustiva e imparcial” por instancias civiles.
El caso de Encinas y otros documentados en la investigación Ejército Espía contrastan con las reiteradas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido el uso de Pegasus por parte de las Fuerzas Armadas, además de descalificar y desinformar sobre las capacidades de vigilancia del Ejército mexicano, pese a la evidencia existente sobre su involucramiento en estos casos de espionaje ilegal.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
