En Argentina, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas notificó a más de 200 magistrados que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) había solicitado sus datos biométricos al Registro Nacional de las Personas (Renaper), sin justificación válida, informó el diario argentino Ámbito.
El Renaper es la entidad administrativa que expide el Documento Nacional de Identidad en Argentina. De acuerdo con la información, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la CABA accedió a estos datos a través de un convenio de colaboración con el Renaper, firmado en 2019, para obtener los datos biométricos de personas prófugas.
La Procuraduría notificó a las personas afectadas sobre las consultas de su información personal, quienes identificaron que estas se realizaron en fechas relacionadas con resoluciones a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como con trabajos en causas de lesa humanidad o mientras concursaban para acceder a cargos, entre otros momentos clave.
Uno de los casos destacados es el del fiscal Javier De Luca, cuyos datos biométricos fueron solicitados por el Ministerio de Justicia de CABA el mismo día en el que se pronunciaba a favor de Milagro Sala, una dirigente política, social e indígena argentina. “Alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”, manifestó el funcionario al diario Ámbito.
En el caso de la jueza Marcela Pérez Pardo —esposa de Eduardo Freiler, exmagistrado destituido por el macrismo—, sus datos biométricos fueron consultados en marzo de 2020 cuando estaba por definirse su juicio político.
Asimismo, los datos de María Silvina Domínguez, jueza federal en Neuquén, fueron solicitados en julio de 2021. “Fue cuando me nombraron para subrogar el juzgado federal de Bariloche donde había un amparo de una comunidad mapuche y casos similares”, señaló Domínguez al diario argentino Página 12.
De acuerdo con el diario Ámbito, las personas afectadas iniciaron varias acciones conjuntas para pedir una investigación sobre el uso de los datos obtenidos. “Más allá de la independencia judicial también se habrían vulnerado otros derechos de raigambre constitucional como los de reunión, privacidad, intimidad, y aquellos vinculados a la protección de datos personales”, señaló la Lista Celeste en un oficio dirigido al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Esta no es la primera vez que se investiga al gobierno de CABA por el uso indebido de datos biométricos. En abril de 2022, un juez local ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial debido a que se permitió el acceso a datos biométricos de millones de personas que no tenían una orden de búsqueda, incluyendo dirigentes políticos, sociales, sindicales, integrantes del Poder Judicial, del empresariado y periodistas.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
