Shalev Hulio, presidente ejecutivo de NSO Group, renunciará a su cargo como parte de una reestructuración de la compañía en la que, entre otras cosas, comenzará a enfocar sus ventas a países que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informó el diario inglés The Guardian.

Para sustituir a Hulio, el actual oficial en jefe de operaciones Yaron Shohat asumirá el cargo y tendrá en sus manos una compañía endeudada que enfrenta gran descrédito por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas con el malware Pegasus.

El diario The Times of Israel también señaló que la reestructuración de NSO Group implicará el despido de 100 empleados, aproximadamente el 13 por ciento de la plantilla actual de la compañía.

Esta no es la primera vez que se habla de reorganización en la compañía. Hace menos de un año, en noviembre de 2021, Bloomberg publicó que NSO Group estaba considerando llevar a cabo diversas acciones con fondos de inversión para salvar la compañía, incluyendo la refinanciación o la venta total de la compañía. Dos fondos de inversión estadounidenses habrían propuesto comprar la compañía, tomar control de las operaciones y cerrar la unidad encargada de Pegasus.

Ese mismo mes, el gobierno de Estados Unidos incluyó a NSO Group en la Lista de Entidades con actividades contrarias a la seguridad nacional o intereses de su política exterior debido a que Pegasus ha sido utilizado por gobiernos extranjeros para espiar a activistas, disidentes y periodistas, lo que restringe sus actividades de exportación, reexportación y transferencia.

Sin embargo, este tipo de acciones han llegado tarde. Los abusos con Pegasus tienen una escala global. En julio de 2021, un equipo con más de 80 periodistas de 17 organizaciones en 10 países distintos reveló la investigación Proyecto Pegasus que demostró que al menos 50 mil números telefónicos en todo el mundo habrían sido potenciales objetivos del malware.

Desde entonces, se han revelado más casos de abusos con el malware contra periodistas por parte del gobierno de Ruanda, integrantes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre África, la oficina del primer ministro de Reino Unido e incluso el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Imagen (CC BY) Gibrán Aquino