En respuesta a las recientes revelaciones del Proyecto Pegasus, cuatro congresistas demócratas se pronunciaron para solicitar que su gobierno regule a la industria global de herramientas de espionaje.
“La empresas privadas no deberían estar vendiendo sofisticadas herramientas de ciberintrusión en el mercado abierto y los Estados Unidos deben trabajar con sus aliados para regular este mercado”, se puede leer en el comunicado firmado por Tom Malinowski (Nueva Jersey), Katie Porter (California), Joaquín Castro (Texas) y Anna G. Eshoo, (California).
En su comunicación, el grupo de demócratas señala que la defensa de NSO Group no es creíble y que ha mostrado una arrogante falta de preocupación ante las denuncias que han hecho de manera repetida oficiales, activistas por los derechos humanos, periodistas y expertos en ciberseguridad.
La información del Proyecto Pegasus reveló que más de 50 mil números de teléfono, incluyendo los de mandatarios, integrantes de diversos gobiernos del mundo, víctimas de graves crímenes (como es el caso de las y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), fueron potenciales objetivos del malware desarrollado por la empresa israelí.
Para las y los firmantes, los regímenes autoritarios que compran estas sofisticadas tecnologías de vigilancia no distinguen si las personas son criminales o disidentes, por lo que se debería asumir que también podrían utilizarse contra periodistas y activistas que trabajen desde Estados Unidos.
“Vender tecnología de ciberintrusión a gobiernos como Arabia Saudita, Kazajstán y Ruanda, basándose en aseveraciones de uso responsable es como vender armas a la mafia creyendo que solo se utilizarán para práctica de tiro”, señalan.
El grupo de representantes pidió diversas acciones al gobierno estadounidense de manera urgente como: denunciar públicamente y al Congreso a las compañías privadas que venden tecnología de vigilancia a gobiernos con un historial de mal uso; establecer sanciones a individuos y compañías que venden este tipo de herramientas a Estados autoritarios; asegurarse que NSO Group y compañías similares no obtengan inversiones estadounidenses a través de la Comisión de Bolsa y Valores; e investigar y evaluar si periodistas, activistas, oficiales y otras personas en Estados Unidos fueron objetivo de Pegasus.
Imagen de Ben Schumin (CC BY-SA 2.0)
