Una investigación periodística de El País ha revelado este miércoles 14 de abril que la Fiscalía General de la República (FGR) suscribió, entre 2019 y 2020, al menos cuatro contratos para la adquisición de tecnologías de vigilancia.
Las adquisiciones ocurrieron bajo el mandato de Alejandro Gertz Manero, nombrado fiscal a partir de enero de 2019. Las operaciones descritas por El País vinculan a la FGR con el conglomerado israelí Rayzone Group, que comercializa equipos de intervención de comunicaciones, localización geográfica en tiempo real y análisis de información.
En todas las ocasiones, la Fiscalía utilizó como intermediaria a la empresa Neolinx de México, dedicada a la venta de equipo de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Neolinx estuvo involucrada, entre 2014 y 2015, en procesos de venta de sistemas de vigilancia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
Continúa el uso ilegal de Geomatrix en la FGR
El País encontró evidencia del contrato FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019, suscrito el 30 de mayo de 2019 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por un monto de 2.4 millones de dólares (47 millones de pesos). El concepto fue un “Servicio de Localización Geográfica”, según consta en una auditoría de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este contrato corresponde al equipo de vigilancia Geomatrix, un sistema de geolocalización de equipos de telefonía móvil desarrollado por Rayzone que, como se documentó en una investigación conjunta entre Reporte índigo y R3D, ya había sido adquirido con anterioridad por la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la SIEDO en abril de 2018 ─también a través de la empresa Neolinx─ por un monto de 4.56 millones de dólares.
De acuerdo con el Anexo Técnico del contrato de 2018, Geomatrix puede brindar acceso a 25 operadores simultáneos para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G. El sistema permite solicitar la localización geográfica en tiempo real de un equipo proporcionando el número de teléfono o el número IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil). Otra de las características de Geomatrix es el uso de geovallas, es decir, se establece un perímetro virtual en el mapa y el sistema indica cuando un equipo ha ingresado o salido de sus límites.
La investigación de Reporte índigo documentó que la Fiscalía adquirió la capacidad para hacer 255 mil búsquedas, sin límite diario, de marzo de 2018 a marzo de 2019. En dicho periodo, la FGR solo pidió autorización judicial para ejercer 101 solicitudes de localización geográfica. Según indicó una fuente interna de la SEIDO, Geomatrix fue utilizado de forma ilegal, principalmente para espiar las campañas de los candidatos presidenciales en 2018.
Respecto del contrato FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019, la ASF detectó una serie de irregularidades en su auditoría a la partida presupuestaria 33701 de la FGR, correspondiente a Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Entre estas, se encuentran que el contrato se formalizó sin autorización de recursos previa ni especificar el costo unitario de cada concepto del servicio. La Auditoría tampoco encontró evidencia que acredite la configuración del servicio en los equipos de la Fiscalía.
Otro dato revelador es que la FGR contrató 135 mil búsquedas, de las cuales, la auditoría comprobó el ejercicio de 13,890 (10.3 por ciento). Esta información contrasta con la reportada por la propia Fiscalía en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde indica haber solicitado autorización judicial para la localización geográfica únicamente 124 veces durante 2019. Esto indica que al menos en el 99.1 por ciento de las ocasiones, el equipo se utilizó de forma ilegal.
Mediante solicitudes de acceso a la información, R3D ha intentado obtener contratos de adquisición de tecnología de vigilancia suscritos por la FGR con Neolinx y otras empresas intermediarias; sin embargo, se ha negado la existencia de dichos documentos. Estas revelaciones confirman que la Fiscalía miente sobre la inexistencia de los contratos y está ocultando información de interés público.
Así mismo, R3D ha pedido a la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control el dato del número de personas funcionarias autorizadas para operar este sistema. La FGR ha reservado la información bajo el argumento de que puede “comprometer la capacidad de reacción y el personal destinado”. No obstante, la ASF señaló en su informe que “no se proporcionó evidencia de los certificados o constancias otorgados a 39 servidores públicos” respecto de la capacitación para utilizar Geomatrix.
Fiscalía adquiere sistema de vigilancia masiva ilegal
Otros contratos identificados por El País demuestran la adquisición de la plataforma de consulta y análisis de datos masivos Echo en 2019 y 2020, por montos de 1.1 y 1.7 millones de dólares, respectivamente. Nuevamente, la operación fue realizada a través de Neolinx.
Echo es una plataforma desarrollada por Echo-On Technologies, empresa subsidiaria de Rayzone Group. El sistema proporciona a las autoridades información diversa sobre personas usuarias de Internet, de manera incógnita, sin requerir la colaboración del individuo u otra entidad comercial.
Según la propia descripción del producto en su sitio web, Echo funciona independientemente del tipo de dispositivo o sistema operativo, no requiere de instalación y puede obtener información de un individuo en específico y hacer incluso “recopilación en masa de todos los usuarios de Internet en un país”.
Reportes periodísticos han indicado que Echo funciona mediante el acceso a datos de localización recolectados por diferentes plataformas de publicidad móvil, sin embargo, la empresa no ha dejado en claro de qué forma consigue acceder a esa información. De este modo, la plataforma es capaz de proporcionar la geolocalización de un dispositivo con un margen de error de un metro y con un ligero desfase respecto al tiempo real.
De acuerdo con un informe de auditoría del Órgano Interno de Control de la FGR, fechada en agosto de 2020, el contrato FGR/CMI/AIC/PFM/CN/GSN/SERV/001/2019 estuvo vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, mientras que en el contrato FGR/CMI/AIC/PFM/CN/GSN/SERV/001/2020 se informa que el servicio fue proporcionado del 1 de enero al 31 de mayo de 2020.
La vigilancia masiva es injustificable
La vigilancia masiva e indiscriminada es una medida desproporcionada y violatoria de los derechos humanos. En ningún caso, la vigilancia masiva puede ser considerada legítima por parte del Estado, ya que toda acción de este tipo debe ser focalizada, justificada por circunstancias específicas de un caso concreto.
Bajo ninguna perspectiva, la adquisición y uso de la plataforma Echo es justificable por parte de la Fiscalía General de la República, en tanto incumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad; y así como ha quedado demostrado con anterioridad, tampoco es operada con previa autorización judicial, como exige la Constitución.
De nueva cuenta queda en evidencia que la adquisición y uso de herramientas de vigilancia en México continúa fuera de control, a pesar de las promesas de la administración en turno por erradicar estas prácticas. Las omisiones del Estado mexicano no solo han mantenido en la impunidad los casos documentados de espionaje en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos en el sexenio pasado, sino que toleran el incremento de capacidades de vigilancia sin mecanismos de control y rendición de cuentas.
La información revelada por El País muestra que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, cuenta con facultades de espionaje desproporcionadas para cualquier estado democrático. Además, el informe de la ASF arroja luz sobre el incumplimiento de controles judiciales, mediante un abuso incuestionablemente ilegal en el ejercicio de estas capacidades de vigilancia que debe ser investigado y sancionado.
Finalmente, reiteramos el llamado urgente a entablar un proceso de reforma legal y administrativa que establezca controles estrictos a la adquisición y uso de herramientas de vigilancia, así como la adopción inmediata de una moratoria respecto de estas tecnologías, tal como ha propuesto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas desde 2019.
Imagen de El Economista
