A un año de la publicación de la investigación “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” y de la presentación de una denuncia formal ante la PGR por los actos de espionaje mediante el uso del malware Pegasus, la impunidad ha prevalecido.

Durante este año, se ha fortalecido la convicción de que el Gobierno Federal estuvo detrás de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe ni voluntad ni capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional. Por ejemplo:

En total, se han documentado más de 100 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) ha reconocido haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, refiriendo de forma sorpresiva e inverosímil que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas mediante el uso de Pegasus.

La PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se ha negado a llevar a cabo una investigación diligente, profesional y con garantías de independencia. Por el contrario, las víctimas han tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que ya ha reconocido formalmente la falta de debida diligencia por parte de la PGR y le ha ordenado agotar todas las líneas de investigación, precisando que más que sobre los teléfonos de las víctimas la indagatoria debe versar sobre las autoridades que usaron el software Pegasus.

Investigaciones periodísticas han dado cuenta de que detrás de la contratación del software Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del Gobierno Federal. Empero, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Corrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana a formular el exhorto para que se investiguen también posibles delitos de corrupción.

Paralelamente, durante este año de fallida investigación han continuado las expresiones de preocupación a nivel internacional sobre el uso de tecnología de vigilancia contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en México. Así, a lo largo de este año, diversas instancias nacionales e internacionales se pronunciaron sobre el caso, destacando procedimientos especiales de la ONU y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH, miembros del Congreso de Estados Unidos, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Sociedad Interamericana de Prensa y personajes como Edward Snowden.

En este contexto, es de subrayar que en el Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH sobre su misión a México se recomienda:

“Realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso de malware (incluido “Pegasus”) para monitorear a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Una investigación de este tipo debe ser independiente del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa espía e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso, potencialmente, de países extranjeros. Mientras tanto, en toda investigación que se encuentre en curso deben respetarse los derechos de quienes son objeto de las acciones de vigilancia, lo que comprende su seguridad y privacidad.

Establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la materia. Se deben establecer garantías y medidas de supervisión judicial de los organismos estatales implicados en vigilancia, dentro de los límites permisibles en una sociedad democrática. México debería considerar la posibilidad de crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado.”

Solamente mediante el cumplimiento de las recomendaciones será posible evitar la impunidad en el caso y garantizar que semejante abuso del poder público, absolutamente incompatible con los principios mínimos de un Estado democrático de derecho, no se repita en el futuro.

Por tanto, ante la probada y reiterada incapacidad del Gobierno Federal para investigarse a sí mismo y frente a la coyuntura electoral que vive el país, hacemos un llamado a que los diferentes actores políticos que se disputan el voto popular, adopten posiciones claras sobre la necesidad de investigar el espionaje ilegal en México y sobre regular adecuadamente las tareas de vigilancia.

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