Hacia finales del mayo pasado destacaron en los medios las maniobras de Amazon para vender tecnología de reconocimiento facial desarrollada por la empresa de comercio electrónico al gobierno de Estados Unidos.
El software llamado Rekognition permite vincular la cara de un individuo con su expediente policial o comercial a través de cámaras portátiles montadas en la ropa de los funcionarios. Organizaciones de derechos civiles como la EFF se han pronunciado en contra del acceso de las autoridades a de dicha tecnología y denuncian el doble estándar de Amazon, que se presenta como un aliado de los consumidores por un lado, pero comprometiendo sus datos personales por otro.
De acuerdo a la organización ACLU: “al automatizar la vigilancia masiva, los sistemas de reconocimiento facial como Rekognition amenazan la libertad y suponen un riesgo más a comunidades que ya están injustamente acosadas en el clima político actual. La gente debe de ser libre de poder caminar por la calle sin ser vigilada permanentemente por el gobierno”.
17 inversionistas de Amazon han pedido en una carta a la compañía que se suspenda cualquier trato con agencias gubernamentales para vender este software, señalando su preocupación por que esta infraestructura tecnológica “pueda ser una amenaza a la privacidad de los clientes y las comunidades en todo Estados Unidos”.
Hasta el momento, Amazon solo se ha comprometido a dejar de colaborar con instancias que hayan cometido un delito o faltado a la ley, pero no han desistido en sus intentos por ampliar el mercado dentro de las agencias de seguridad local, estatal y federal de los Estados Unidos.
