El 11 de junio entró en vigor en Estados Unidos el nuevo conjunto de regulaciones que sustituirá a la Orden del Internet Abierta, creada durante el gobierno de Barack Obama y mejor conocida como las reglas de la neutralidad de la red, informó NBC News.
Las nuevas reglas, aprobadas en diciembre de 2017 por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), representan un retroceso que tendrá consecuencias negativas para millones de usuarios de Internet en este país, aunque, su entrada en vigor no implica una implementación definitiva.
Existen iniciativas a nivel estatal que buscan implementar regulaciones similares a la Orden de Internet Abierta, además existe un esfuerzo en el Congreso estadounidense para repeler la nueva regulación, éste ya fue votado favorablemente el Senado estadounidense, pero enfrenta tiene un tránsito difícil en la Cámara de Representantes.
“El Congreso puede aún anular a la FCC y restaurar la neutralidad de la red”, aseguró Evan Greer, quien es parte de la organización Fight for the Future a NBC News, una de las principales voces a favor de una fuerte regulación para proteger la neutralidad de la red.
Empresas de tecnología, pequeños negocios, consumidores, legisladores, gobiernos locales y sociedad civil se han unido en la batalla por defender la neutralidad de la red. En el caso de los estados, al menos 22 de estos han demandado a la FCC y algunos han promovido su propia legislación local, las cuales serán retadas legalmente por la Comisión, ya que supuestamente interfieren con la nueva orden.
Una de las principales debilidades que han sido señaladas en la nueva regulación es que requiere que los proveedores de servicios de Internet solo se comprometan a que no van a bloquear o discriminar el tráfico en Internet.
El presidente de la FCC, Ajit Pai, aseguró en un artículo publicado el domingo en CNET, que el nuevo marco regulatorio “protegerá a los consumidores y promoverá un mejor, más rápido acceso a Internet y más competición”.
Sin embargo, la propuesta impulsada por Pai falla en las principales premisas que se buscan en estas regulaciones y se basa en preceptos falsos sobre cómo la regulación “afectó” la inversión de las ISP y a los consumidores.
