Más de 70 organizaciones de la sociedad civil y especialistas urgieron al Banco Mundial y a otras organizaciones internacionales a que tomen medidas inmediatas para detener las actividades que promuevan modelos dañinos de identificación digital (digital ID).
Las firmantes, entre las que se encuentra R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, expresaron sus preocupaciones sobre la creciente documentación de los impactos a los derechos humanos asociados con los sistemas de identificación digitales, los cuales “afectarán a todas las personas y comunidades y deberían ser materia de una preocupación pública más amplia”.
Estas preocupaciones se incrementan en un contexto en que organizaciones internacionales, industria y gobiernos nacionales están implementando y promoviendo su rápida proliferación mientras, de forma consistente, fallan en realizar análisis sobre sus impactos y en hacer un proceso comprensivo de debida diligencia.
A pesar de la evidencia existente y la apertura al diálogo desde la iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, no se han dado cambios significativos en sus políticas y prácticas, aseguran las firmantes.
Más grave aún, consideran, es que a pesar de los resultados en países como India y República Dominicana, el organismo continúe apoyando los esfuerzos de gobiernos nacionales que están construyendo o incrementando las capacidades de los sistemas de identificación digital, como en las Filipinas y también en México.
Por estas razones, las firmantes piden al Banco Mundial y a sus donantes tomar las siguientes acciones:
Invitar e invertir en la evaluación independiente basada en derechos humanos del papel del Banco Mundial para apoyar los sistemas de identificación digitales a nivel global. La evaluación debe considerar los impactos presentes y potenciales de estos sistemas, así como medidas de remediación para las comunidades. La evaluación debe, además, escuchar a la sociedad civil y población afectada y sus resultados deben ser abiertos a consulta pública, con un reporte final que será entregado al Banco Mundial y sobre el que estará obligado a tomar acciones necesarias para implementar las recomendaciones.
Evaluar la evidencia existente y detener las actividades que incrementen el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Se debe activar una moratoria temporal sobre los requerimientos o inversiones en sistemas de identificación digital, hasta que se haya revisado la evidencia existente y se haya publicado. A partir de estas evaluaciones se deben crear marcos regulatorios para determinar cualquier participación futura con los derechos humanos en el centro.
Crear oportunidades para la interacción sostenida de alto nivel con especialistas y sociedad civil. Estas deben incluir directivos en jefe del Banco Mundial, integrantes de alto nivel del Consejo Asesor de la iniciativa ID4D, donantes influyentes y actores de sociedad civil de diversa representación.
Incrementar la inversión y recursos para estudios de base y análisis contextuales, estudios de costo beneficio y evaluaciones independientes. Los efectos dañinos de los sistemas de identificación digital son resultado, en muchos casos, de la inversión en sistemas que ignoran o explotan de forma intencional dinámicas sociales, económicas o políticas. Por lo que las inversiones y recursos deben trasladarse a las evaluaciones previas, durante y posteriores a la implementación de estos sistemas. Además, debe ser independiente de ID4D y otros equipos dentro del Banco Mundial.
Si quieres leer con más detalle la carta, puedes hacerlo aquí.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
