La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicaron un comunicado en el que expresaron su preocupación ante las nuevas revelaciones sobre el uso del malware Pegasus para espiar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores, pidieron una investigación al Gobierno de México y reiteraron su llamado a una moratoria contra la venta y compra de este tipo de tecnología.
La Comisión, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y la ONU-DH recordaron al gobierno de México que es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología para la intervención de comunicaciones bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Estas regulaciones deben estar delimitadas en forma clara y precisa, además de ser excepcional y operar de manera estrictamente necesaria, con autorización judicial previa y una supervisión constante de organismos estatales. Este llamado se suma al que hemos realizado previamente organizaciones de la sociedad civil de México sobre la necesidad de regular la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia, entre estas R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Los organismos firmantes llamaron al Gobierno de México a llevar a cabo una investigación completa, efectiva e imparcial, que derive en la sanción efectiva a quienes resulten responsables y a garantizar la adopción de medidas para respetar, proteger y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y garantías a la oposición política.
La CIDH, RELE y ONU-DH hicieron eco de las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el caso al señalar que es sumamente preocupante que se utilice tecnología destinada a combatir delincuencia y terrorismo para intimidar e incluso asesinar periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Además, los firmantes recordaron que en estos casos la responsabilidad es tanto de los Estados como de las empresas, por lo que las compañías deben respetar los derechos humanos y los Estados tienen una obligación de transparencia, debida diligencia y rendición de cuentas sobre la contratación y supervisión de estos servicios.
La CIDH, RELE y ONU-DH reiteraron el llamado a una moratoria global inmediata a la venta, transferencia y uso de “la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”, como la que hizo el exrelator especial de las Naciones Unidas David Kaye, en 2019.
Imagen de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CC BY 2.0)
