Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, condenó en una declaración oficial el uso de Pegasus en contra de periodistas y defensoras en general, así como su utilización sin garantías por parte de los gobiernos. 

Este posicionamiento surge a raíz de la investigación Pegasus Project, que reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil en todo el planeta, incluyendo México.

“Diversas áreas del sistema de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo mi propia oficina, hemos levantado repetidamente preocupaciones serias sobre los peligros de las autoridades usando herramientas de vigilancia de distintos orígenes para intervenir los teléfonos y computadoras de quienes realizan actividades periodísticas legítimas, monitorean los Derechos Humanos o expresan disidencia u oposición política”, declaró.

Bachelet consideró que, dado que Pegasus permite la intervención profunda de dispositivos, “su uso sólo puede ser justificado en el contexto de investigaciones sobre crímenes serios o graves amenazas a la seguridad. Si las recientes acusaciones sobre el uso de Pegasus son, incluso en parte, verdaderas, entonces la línea roja ha sido cruzada una y otra vez con total impunidad”.

En México, más de 15 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus de acuerdo a su código de área asociado. La campaña de espionaje del gobierno de Peña Nieto incluyó a al menos 25 periodistas, así como familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa e investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; e incluso se extendió al círculo cercano del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Estos reportes también confirman la necesidad urgente de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnologías de espionaje y asegurar una fiscalización estricta de su autorización y uso. Sin marcos regulatorios con un enfoque en Derechos Humanos, existen simplemente demasiados riesgos para que estas herramientas sean abusadas en la intimidación de críticos y para silenciar el disenso”, señala la declaración. 

Al igual que la comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil pedimos al gobierno mexicano establecer controles democráticos y promover una reforma al marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México.
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Imagen de UN GENEVA(CC BY 2.0)