Pegasus Project, una investigación conjunta de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, ha revelado que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió (o intentó espiar) con el malware Pegasus a 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos, a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con The Guardian, el espionaje de Peña Nieto se extendió al círculo cercano del mandatario Andrés Manuel López Obrador, entonces aspirante a la presidencia de México. Entre las personas atacadas con Pegasus se encuentran su entonces secretaria particular, Laura González Nieto; el operador político César Yáñez; el hoy Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas; y el empresario Alfonso Romo Garza, entre otros.

Entre las personas mencionadas también están la hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; así como distintos integrantes de su gabinete como Manuel Bartlett, Rocío Nahle, Delfina Gómez, Alejandro Encinas y Alfonso Durazo. Otras figuras políticas vinculadas a López Obrador ─como el senador Ricardo Monreal o el abogado Bernardo Bátiz─ igualmente fueron objetivos de Pegasus. Así mismo, la investigación reveló que familiares de López Obrador, personal de confianza e incluso su cardiólogo se encontraban dentro de los 15 mil objetivos de Pegasus.

El espionaje político de Peña Nieto no se limitó a Andrés Manuel; integrantes de otras fuerzas políticas, como el Partido Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática también fueron atacados con el malware. Personajes como el expresidente Felipe Calderón; la ex Primera Dama, Margarita Zavala; los ex candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya; o los dirigentes Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Alejandra Barrales engrosaron la lista.

Tras darse a conocer la investigación, organizaciones de la sociedad civil ─entre ellas, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales─ hicimos un llamado al gobierno federal a tomar acciones para garantizar verdad, justicia y no repetición a las víctimas de espionaje. Entre ellas, solicitamos que un mecanismo independiente para deslindar responsabilidades en el caso Gobierno Espía; transparencia total de los documentos de contratación y uso de herramientas de vigilancia; y un impulso a la agenda de reformas a la adquisición, uso y rendición de cuentas de estas capacidades.


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