Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales participamos en la primera sesión de la Consulta Pública sobre la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE), un proceso orientado a construir el instrumento de política pública que definirá las estrategias y mecanismos institucionales mediante los cuales el Estado mexicano promoverá la conducta empresarial responsable.
En esta primera sesión participaron más de cien personas, entre representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales, sector privado y organizaciones de personas trabajadoras, con el objetivo de incorporar observaciones y propuestas antes de la adopción definitiva de la política.
Durante nuestra intervención destacamos la necesidad de incorporar de manera explícita la dimensión digital dentro de la Política Nacional. Señalamos que tanto el Estado como las empresas deben reconocer los impactos que generan las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial, de modo que la política contemple obligaciones específicas para prevenir, supervisar y reparar violaciones a derechos humanos en este ámbito.
Las propuestas de R3D para fortalecer el contenido de la política desde una perspectiva de derechos digitales son las siguientes:
- Establecer obligaciones claras para las empresas de tecnología, incluyendo evaluaciones de impacto en derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida, auditorías efectivas, transparencia sobre sistemas algorítmicos, participación de la sociedad civil y mecanismos de reparación integral.
- Reconocer la dimensión material de las tecnologías digitales. El desarrollo de la inteligencia artificial y de los centros de datos tiene impactos ambientales y sociales, por lo que es necesario que las empresas responsables de esta infraestructura se sujeten a obligaciones ambientales, de transparencia y de rendición de cuentas.
- Definir salvaguardas para el desarrollo y uso de tecnologías de vigilancia, mediante reglas claras para las empresas que las desarrollan, mayores medidas de transparencia y controles efectivos que garanticen el respeto a la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y la no discriminación.
Las operaciones y servicios de las empresas tecnológicas influyen en el ejercicio de derechos. Por ello, una Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas que responda a los desafíos actuales debe incorporar de forma transversal la perspectiva digital y establecer obligaciones claras que aseguren que el desarrollo tecnológico, la innovación y la actividad empresarial se alineen con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
