El FBI tuvo acceso a conversaciones privadas de activistas pro inmigración en Estados Unidos, quienes se organizaban para realizar actividades de “vigilancia judicial”, es decir acciones cuyo objetivo es vigilar que los procedimientos judiciales se hagan de forma correcta y fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.
Según información de The Guardian, los chats a los que accedió el FBI se encontraban en Signal y eran usados para ayudar a coordinar a los activistas voluntarios que supervisan los procedimientos públicos en tres tribunales federales de inmigración de Nueva York.
En el “informe conjunto de información situacional”, realizado por el FBI, las autoridades citaban información de la app de mensajería instantánea y calificaban a los observadores judiciales como “actores extremistas violentos anarquistas”, aún cuando en diversas ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha sido señalado por violar el derecho de los inmigrantes a un proceso justo en esos tribunales.
Property of the People, organización no gubernamental que obtuvo esos registros, ha mencionado que los grupos de activistas han intensificado sus esfuerzos para observar y documentar las actividades de los tribunales, luego de que el ICE ha detenido cada vez más a inmigrantes que se han presentado en los tribunales para audiencias rutinarias, esto luego de que una directiva instaurada tras la toma de posesión de Trump estableció que los agentes podían llevar a cabo estas acciones en dichos espacios.
El informe del FBI, elaborado por su división de Nueva York, no aclara cómo accedió la agencia al grupo de Signal, lo que enciende las alarmas de activistas y defensores de derechos humanos, ya que la app es muy usada por estos grupos por ser una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo que además se ha negado a ofrecer información confidencial de sus usuarios al Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos.
El ICE y otras agencias gubernamentales han incrementado sus acciones de vigilancia a personas inmigrantes y a grupos considerados “Antifa” debido a que Trump ha tachado al movimiento antifascista descentralizado, como una “organización terrorista nacional”, lo que aumenta el temor de que que haya una represión mayor contra activistas de izquierda o en contra de la administración de Donald Trump.
“La participación cívica básica no es una amenaza terrorista”, mencionó el Dr. Ryan Shapiro, director ejecutivo de Property of the People, en un comunicado. “Que el FBI lo trate como tal es otro ejemplo del profundo desprecio del régimen de Trump por incluso las libertades democráticas más rudimentarias” concluyó Shapiro.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
