Tras la revelación de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue espiado con Pegasus, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó un mensaje de solidaridad con el funcionario y expresó la necesidad de conducir una investigación “diligente, independiente, exhaustiva e imparcial” por instancias civiles.
El posicionamiento de ONU-DH, emitido a través de su cuenta de Twitter, señala que el trabajo de las instituciones, personas funcionarias o integrantes de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos “debe estar exento de invasiones indebidas e injerencias arbitrarias”.
Así mismo, la Oficina también recalca que tanto las nuevas revelaciones de espionaje ilegal, como las que han sido denunciadas anteriormente, ameritan una investigación, ya que “la mejor medida de prevención es una eficaz investigación y sanción a las personas e instituciones responsables”.
Además, ONU-DH pidió que se fortalezcan los controles civiles a las Fuerzas Armadas, ya que “es preciso que su actuar se sujete a mecanismo eficaces de vigilancia de naturaleza civil propios de una democracias”.
El exhorto de la instancia internacional contrasta con la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien minimizó la revelación del espionaje y rechazó iniciar una investigación, además de exculpar al Ejército a pesar de la evidencia existente.
En días pasados, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también manifestó su preocupación por la recurrencia de los actos de espionaje en contra de personas involucradas en el caso Ayotzinapa. El GIEI calificó como “hechos gravísimos” las intervención de comunicaciones privadas a las que han sido sujetos, además del subsecretario Encinas, dos personas defensoras de derechos humanos del Centro PRODH.
En octubre de 2022, al darse a conocer los hallazgos de la investigación Ejército Espía, ONU-DH pidió a las autoridades mexicanas cesar cualquier acto de injerencia arbitraria, así como llevar a cabo una investigación sobre los hechos denunciados.
En dicha ocasión, Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de ONU-DH, aseguró que el espionaje representaba “graves actos de intrusión, violatorios de derechos humanos” y que la vigilancia ilícita tiene un “efecto intimidatorio” y envía un mensaje negativo de intolerancia del gobierno a la crítica.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
