En conjunto con otras organizaciones aliadas, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales ha participado en las sesiones del Comité Ad Hoc para la creación de una nueva convención sobre ciberdelitos (AHC, por sus siglas en inglés). Desde febrero de 2022, el AHC –conformado por Estados Miembro y múltiples partes interesadas– ha discutido el contenido y los alcances que debe tener una convención en la materia.
En la cuarta sesión celebrada en enero de 2023, se analizó el documento consolidado de negociación (DCN), creado a partir de las discusiones en sesiones previas. El DCN alarmó a la sociedad civil –incluyendo a R3D– y a la academia debido a que su contenido es problemático para el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, privacidad, protección de datos personales y debido proceso.
Las disposiciones del documento de negociación establecen treinta delitos nuevos. Varias de estas disposiciones criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión, así como conductas legales en el entorno digital, pues la redacción de dichos delitos es amplia y ambigua.
De igual forma, la mayoría de los delitos ya se encuentran previstos en otros ordenamientos y tratados internacionales especializados en su respectiva materia, como el delito de fraude, robo, grooming, entre otras. Esta duplicación de delitos no tiene una perspectiva de neutralidad tecnológica y puede complicar la investigación y persecución de los delitos.
Además, el DCN estipula facultades de investigación de delitos demasiado amplias y abren la puerta a invasiones graves a la privacidad. Estas facultades incluyen, por ejemplo, la autorización de cualquier tipo de herramientas de vigilancia, por lo que incluiría tecnología que pone en riesgo los derechos humanos como el spyware, IMSI catchers y sistemas automatizados de perfilamiento.
Asimismo, la convención facultaría a los Estados a realizar intervención de dispositivos y comunicaciones, recolección de cualquier tipo de datos en tiempo real y transmisiones espontáneas de información de cualquier tipo sin salvaguardas suficientes para proteger el derecho a la privacidad y nuestros datos personales.
Del 11 al 21 de abril de 2023, el AHC estará celebrando su quinta y antepenúltima sesión en la sede de las Naciones Unidas en Viena, en la cual los Estados Miembro analizarán y harán propuestas concretas sobre las disposiciones relacionadas con cooperación internacional, medidas preventivas, asistencia técnica, mecanismos de aplicación y disposiciones finales, aplicables a la persecución e investigación de delitos.
En esta sesión, la delegación rusa propone cambios en el DCN para ampliar el alcance de las medidas de cooperación internacional, a fin de que apliquen a cualquier delito cometido con el uso de TICs sin salvaguardas respecto a la asistencia jurídica mutua (MLAT) y la protección de datos personales. Esto resulta preocupante por las implicaciones autoritarias que podría tener la amplitud de dichas facultades.
Por otro lado, la delegación estadounidense apoya las salvaguardas en materia de cooperación internacional, aunque las limita al dejar varios aspectos de su aplicabilidad a lo que indiquen las leyes nacionales.
La Unión Europea y diversos países proponen salvaguardas relacionadas con la cooperación internacional; especialmente sobre transferencias internacionales de datos y protección de datos personales, lo cual resulta favorable para el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de ello, estas medidas no están lo suficientemente acotadas para prevenir el abuso de las autoridades.
Al finalizar esta sesión, la presidenta del AHC, Faouzia Boumaiza Mebarki, elaborará el borrador cero (draft zero) de la convención, el cual contemplará lo negociado en la cuarta y quinta sesión. Se espera que dicho borrador sea analizado en la sexta sesión que tendrá lugar en agosto de 2023, y que a principios de 2024 se apruebe en la sesión final. Por tanto, al encontrarse este proceso en una fase avanzada, el resultado de esta quinta sesión es muy relevante.
En las siguientes dos semanas, R3D y las organizaciones aliadas buscarán impulsar las salvaguardas necesarias para que la futura convención garantice el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital y evite a toda costa ambigüedades y redacciones amplias que criminalicen conductas legales, posibiliten el abuso de poderes y faculten medidas de vigilancia masiva.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
