A un año de las revelaciones del Proyecto Pegasus, aún persisten el acceso sin regulaciones, ni salvaguardas judiciales suficientes a tecnología de vigilancia como el malware Pegasus, aseguró Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech, en el diario The Guardian.
Hace un año, un equipo de más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de 10 países, entre los que se encuentran Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, publicaron la investigación sobre el uso ilegal del malware de NSO Group para espiar a personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas a nivel mundial.
La investigación permitió conocer la escala global del abuso con el malware: 50 mil números de teléfono fueron identificados como potenciales objetivos de Pegasus. Entre las víctimas del espionaje se encuentran desde integrantes de la familia del periodista asesinado Jamal Khashoggi, activistas como el saudí Loujain al-Hathloul, hasta funcionarios de Estado como los ministros del francés Emmanuel Macron, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador.
La directora adjunta de Amnesty Tech explica en su columna que, a pesar de los pasos positivos que se han tomado a partir de las revelaciones del Proyecto Pegasus, la realidad es que los gobiernos del mundo aún tienen acceso al malware y todavía pueden abusar de sus capacidades sin salvaguardas judiciales ni regulaciones.
Ingleton ejemplifica esta situación con el caso mexicano, ya que a pesar de ser uno de los primeros en darse a conocer a nivel internacional en 2017, no hay forma de saber que el gobierno de México haya dejado de utilizar Pegasus o que las exportaciones de la tecnología al país hayan sido limitadas por el Ministerio de Defensa de Israel.
“Se debe hacer más para remarcar que los sistemas regulatorios y legales no son suficientes para este propósito y continuar recordando a los gobiernos del mundo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Tiene que haber una moratoria global a la venta, transferencia y uso de las tecnologías de vigilancia”, aseguró Ingleton.
Esta moratoria global a la tecnología de vigilancia ha sido propuesta por una gran diversidad de actores como activistas, diarios y especialistas de organismos como Naciones Unidas e incluso ha sido impulsada en reiterada ocasiones por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
