El diario El País obtuvo acceso a documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que se demuestra que en 2014 su Órgano Interno de Control archivó la investigación sobre la adquisición de Pegasus a la empresa israelí NSO Group, a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo a los documentos obtenidos, las indagatorias apuntaban al general Moisés García Ochoa, quien fungía como director de Administración y principal responsable de las adquisiciones en 2011 y 2012. En dichos años, la Sedena firmó una serie de contratos con la empresa Security Tracking Devices mediante asignación directa.

La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en cinco de los contratos suscritos por la Sedena, por lo que solicitó al Órgano Interno de Control iniciar las averiguaciones correspondientes. No obstante, ocho meses después de abrir el expediente, el Ejército decidió archivar el caso por supuesta falta de elementos.

De acuerdo con el órgano de control, “no se acreditó que servidores públicos pertenecientes al Instituto Armado hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en la Ley”, por lo que no se aplicaron sanciones contra García Ochoa ni ninguna de las personas a su mando.

Según la investigación de El País, el general Moisés García Ochoa habría sido vetado en 2013 por el gobierno de Estados Unidos para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional en el gabinete de Peña Nieto, debido a que la Administración para el Control de Drogas (DEA) sospechaba que el militar mantenía vínculos con la delincuencia organizada. 

La Secretaría de la Defensa Nacional fue una de las primeras instancias a nivel mundial en adquirir el malware Pegasus, durante el sexenio de Felipe Calderón, a pesar de no estar legalmente facultado para realizar intervención de comunicaciones privadas.

Hasta la fecha, la Sedena se ha negado a transparentar los documentos relacionados con la adquisición de Pegasus en 2011 y 2012, a pesar de que han sido publicados en investigaciones periodísticas. 

De igual manera, se ha dado a conocer que el Ejército realizó intervenciones de comunicaciones de varios actores involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, sin fundamento legal ni que se haya aclarado qué herramientas utilizó.

Imagen: (CC-BY) Presidencia de la República