Una coalición de organizaciones que defienden los derechos humanos, entre ellas R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, y especialistas independientes solicitó en una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (HRC, por sus siglas en inglés) tomar acción urgentemente para denunciar las violaciones a los derechos humanos a una escala sin precedentes facilitada por el uso del malware Pegasus.
Además, la coalición llamó al Consejo a ordenar medidas comprensivas para investigar estos abusos y prevenir futuras violaciones a los derechos humanos vinculadas con la venta, exportación y uso del malware Pegasus y otros casos de vigilancia dirigida.
En la carta, las organizaciones y especialistas señalan que las revelaciones, en julio pasado, del Proyecto Pegasus son extremadamente alarmantes y que desde éstas han continuado apareciendo nuevos casos de uso ilegal del malware. Algunos de los más recientes, el fotoperiodista Dániel Németh, basado en Budapest, y la confirmación, desde medios franceses, de que al menos los teléfonos de cinco integrantes del gabinete de Emmanuel Macron también fueron infectados con Pegasus.
Por estas razones, las y los firmantes piden a los integrantes del HRC ofrecer apoyo financiero y técnico para los cuerpos relevantes dentro de las Naciones Unidas que puedan llevar a cabo las investigaciones necesarias sobre los abusos cometidos con Pegasus. A su vez, los Estados Miembro deben cooperar para permitir que las investigaciones operen sin miedo a la obstrucción y represión.
Los resultados de estas investigaciones deben servir para proveer recomendaciones a los estándares y marcos regulatorios “que gobiernan el desarrollo, venta y transferencia de la tecnología de vigilancia, así como cualquier huevo en los mecanismos existentes o su implementación en el nivel local, nacional e internacional, para prevenir y mitigar los riesgos de las tecnologías de vigilancia”.
Finalmente, las organizaciones y especialistas aseguran que mientras no se desarrollen y adopten estas medidas, se debe implementar una moratoria global a la venta, exportación, transferencia y uso de la tecnología privada de vigilancia, hasta que los Estados hayan adoptado robustas salvaguardas legales para proteger individuos de la vigilancia, invasión a su privacidad y las amenazas a su libertad de expresión, reunión y asociación, como previamente han recomendado personas expertas de Naciones Unidas y la sociedad civil organizada.
Imagen de UN Geneva (CC BY-NC-ND 2.0)
