La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) llamó al gobierno mexicano y a otros actores del país a redoblar esfuerzos para la regulación de control a los sistemas de vigilancia en México, de acuerdo con los compromisos hechos por el país en el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2022.

Este llamado se da después de las revelaciones hechas por el Proyecto Pegasus que demostró la extensión del espionaje contra activistas, periodistas y personas en la política, con más de 15 mil objetivos potenciales tan solo en México.

“El uso sistemático de la vigilancia por parte de los gobiernos para atacar a miembros de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos representa una clara amenaza para la democracia y socava las libertades de expresión y asamblea de las personas”, señala la OGP.

Los compromisos que adquirió el gobierno mexicano en 2019 son consecuencia, a su vez, de las revelaciones hechas en 2017 por organizaciones de la sociedad civil sobre la operación del malware Pegasus para espiar a activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluso algunas parte del OGP nacional, lo que en su momento provocó la salida del núcleo de la sociedad civil del proceso y su terminación.

En 2018, mediante un proceso de diálogo que incluyó a organizaciones, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se alcanzó un compromiso de establecer un grupo de personas especialistas para analizar y modificar las regulaciones sobre la contratación y uso de tecnología de vigilancia.

“Hago un llamado a las partes interesadas nacionales para que redoblen sus esfuerzos para implementar su compromiso en su plan de acción de gobierno abierto dirigido a crear controles democráticos para la compra y uso de tecnología de vigilancia“, pidió el director ejecutivo de OGP, Sanjay Pradhan.

Para Pradhan estas acciones coinciden con las demandas para que el gobierno “cumpla con el compromiso sobre controles democráticos para la intervención de las comunicaciones y aclare el uso de Pegasus”, realizadas por la sociedad civil en México.

De establecerse estos tipos de controles, el país se convertiría en pionero en el establecimiento de un marco legal para “la compra, uso y la regulación transparente, responsable y participativa de tecnologías de vigilancia”.

El pasado 23 de julio, el presidente López Obrador se comprometió a crear un mecanismo con observación internacional para garantizar que el gobierno no espíe a la ciudadanía, además de la no repetición de estas acciones ilegales.

Imagen Paloma Baytelman (CC BY-NC 2.0)