La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) presentó este martes 10 de diciembre el Cuarto Plan de Acción 2019-2021, que integra 13 compromisos; entre ellos, uno sobre intervención de comunicaciones privadas. El plan de acción es resultado de un trabajo de ocho meses, integrado por seis fases, en el que participaron más de 1,100 personas de forma digital y 480 de manera presencial.

Durante la presentación, Alfredo Elizondo Rosales, coordinador del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) de la AGA, recordó que el proceso anterior se interrumpió cuando las OSC se retiraron del Secretariado Técnico Tripartita en mayo de 2017 por pérdida de confianza, tras darse a conocer los casos de espionaje en contra de integrantes de la sociedad civil.

Elizondo Rosales reiteró su llamado a la Fiscalía General de la República para que dé certezas sobre la investigación acerca del caso Gobierno Espía y mencionó que también esperan que se esclarezcan los indicios recientes sobre nuevos ataques con Pegasus en México durante 2019.

El representante del NOSC también resaltó el compromiso público que ha hecho el gobierno sobre no usar estas herramientas de vigilancia, sin embargo, destacó que otros órdenes de gobierno –o la misma Fiscalía– podrían seguir usando estos sistemas, por lo que pidió a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se transparente la compra y uso de dichas tecnologías.

Por su parte, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), recordó que el instituto repudia las prácticas de espionaje ilegal y que, hasta el alcance de sus facultades, actuó para deslindar responsabilidades. Acuña también señaló que el INAI está atento a cualquier otro nuevo caso, ya que “es intolerable que el Estado ocupe sus capacidades y recursos públicos para dañar y menoscabar las libertades y la vida privada”.

Finalmente, el comisionado Joel Salas enfatizó que este plan de acción de gobierno abierto es el único a nivel mundial que aborda la vigilancia ilegal. Salas comentó que esta problemática no es exclusiva de México, pero que la inclusión de este compromiso plantea una alternativa de solución para hacerle frente.

Los 13 compromisos incluidos en el Plan de Acción son: intervención de comunicaciones privadas; flujo y control de armas; beneficiarios finales; anticorrupción; desarrollo rural; fideicomisos públicos; recursos naturales; educación; derechos sexuales y reproductivos; seguridad pública; servicios de cuidados; empleo; y apertura institucional en las entidades federativas.