En la sesión del pleno de este miércoles 20 de febrero, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales aprobó la resolución del proceso de verificación en contra de la Procuraduría General de la República por el uso del malware Pegasus. El INAI determinó que la PGR incurrió en violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al no cumplir con sus deberes de seguridad y el principio de responsabilidad.

La resolución del INAI se dio debido a que la PGR no contaba con un sistema de gestión ni documentos de seguridad relacionados con el tratamiento de datos personales. El instituto también pidió al Órgano Interno de Control de la FGR que investigue y castigue a quienes resulten responsables por las violaciones a la protección de datos personales.

Además, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República indicó al INAI, días antes del vencimiento del proceso de verificación, que actualizó la licencia del software en 2016 y 2017; sin embargo, la fiscalía también sostuvo que el sistema nunca fue utilizado. Por esa razón, el comisionado Joel Salas cuestionó en su intervención que la FGR determine los motivos por los que (supuestamente) no utilizó el software, a pesar de haber renovado las licencias de funcionamiento, cuyo costo individual supera los 100 millones de pesos.

Así mismo, en el proceso de verificación in situ, la Fiscalía se limitó a indicarle al INAI que Pegasus había sido desinstalado de los equipos desde donde se operaba, sin explicar las razones por las que fue removido ni las fechas en que fue retirado. Además, como han consignado otras organizaciones civiles, esto podría constituir delitos como la destrucción de evidencia y el entorpecimiento de la investigación penal del caso Gobierno Espía.

En otra intervención, el comisionado Oscar Guerra Ford indicó que los contratos de la PGR para adquirir y renovar Pegasus (2014, 2016 y 2017) deben ser considerados como información pública, por lo que instó a que la Fiscalía suba a su portal las versiones públicas de dichos documentos.