Una iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, pretende la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, “una base de datos integrada por la información que de cada línea telefónica proporcionen los concesionarios de telecomunicaciones (…)”, operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La base pretende un registro de datos como el número de línea telefónica, el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de la activación de la línea telefónica, el nombre completo o razón social del usuario de la línea, el tipo de modalidad contratada (tarifario o prepago), entre otros.
Al respecto, Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, alertó durante el Foro Virtual sobre el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que este tipo de medidas representan un grave riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía.
R3D recordó el caso del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), una propuesta de registro similar lanzada en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2011, el Senado desapareció el RENAUT, reconociendo que fue un fracaso para el combate a la delincuencia. Existe evidencia de que el RENAUT no solo falló en combatir el crimen organizado, sino que la incidencia delictiva aumentó: la extorsión, en un 40 por ciento; y el secuestro, en 8 por ciento.
Por su parte, la Asociación GSM (GSMA) ─una organización de más de 800 operadores de telefonía móvil y empresas asociadas─ publicó en 2016 un informe sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago, donde señala que “no [existe] evidencia empírica de que el registro obligatorio de tarjetas SIM conduzca directamente a una reducción en el crimen”.
Como señaló García en su intervención, la evasión del Registro no es complicada, ya que la delincuencia organizada puede optar simplemente por no registrar sus tarjetas SIM. Esto puede llevar a un incremento en el mercado negro de tarjetas SIM, al aumento de casos de suplantación de identidad telefónica (spoofing) o al uso de tarjetas SIM de otros países que tengan roaming con México, como las de Estados Unidos.
Para R3D, la iniciativa atenta contra la presunción de inocencia, ya que de aprobarse, se presumirá que la persona que aparezca como titular de una línea es responsable directa de cualquier uso indebido y tendrá la carga de probar su inocencia. Esto es particularmente preocupante ante la facilidad con la que se puede suplantar un número telefónico y la demostrada vulnerabilidad de los registros a errores y alteraciones.
El Registro constituye un grave riesgo para la privacidad y seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil, ya que pretende hacer una recolección masiva e indiscriminada de datos vulnerables a filtraciones. Por ejemplo, en 2010 se reportó que la base de datos del RENAUT se encontraba a la venta por apenas 500 pesos.
Además, la iniciativa establece que la base de datos del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil sería accesible a cualquier autoridad, sin establecer ningún mecanismo de control judicial, transparencia o rendición de cuentas capaz de detectar y prevenir el uso indebido del sistema. Se debe reconocer el riesgo latente de la infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad pública y los peligros que implica crear una base de datos invaluable para las organizaciones criminales.
De la misma forma, el Registro también significa una medida discriminatoria, debido a que la exigencia de pruebas de identificación para la compra de tarjetas SIM de prepago es una medida que excluye del acceso a las tecnologías de información y comunicación a millones de personas sin documentos de identidad, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad económica o personas migrantes.
Desde la sociedad civil, rechazamos absolutamente la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Combatiremos esta iniciativa por todas las medidas jurídicas disponibles, ya que es una medida autoritaria, inconstitucional, violatoria de derechos humanos, altamente costosa para la ciudadanía, sin aportar al combate a la delincuencia y sí creando riesgos para la seguridad y privacidad de las personas usuarias de telefonía móvil.
Imagen de Jeso Carneiro (CC BY-NC 2.0)
