La Legislatura Estatal de California rechazó la iniciativa AB 2261 sobre reconocimiento reconocimiento facial, la cual permitiría la expansión sin controles de la vigilancia con este tipo tecnología y la violación de libertades civiles en el estado, de acuerdo con una amplia coalición de organizaciones de sociedad civil que se oponían a la propuesta.
Entre otras cosas, la AB 2261 habría permitido que empresas utilizaran escaneo facial para negar a personas empleos, servicios financieros, servicios de salud y otras necesidades básicas; que empleadores usaran esta tecnología para vigilar a las personas en ambientes laborales y también que las instituciones de aplicación de justicia y el sector privado adquirieran esta tecnología aunque sea imprecisa y tenga fuertes sesgos raciales.
De acuerdo con las organizaciones, esta propuesta afectaría más a las comunidades con menor acceso a derechos.
“A ninguna persona se le debería negar el acceso a un trabajo, vivienda o servicio por cómo se ven. La legislatura debería estar trabajando en abrir, no cerrar, puertas adicionales que permitan a la gente de California acceder a servicios y oportunidad económica durante esta crisis. La iniciativa crea un marco legal para la negación de servicios utilizando el reconocimiento facial.”, explican las organizaciones en una carta.
El avance en las capacidades de vigilancia y la flexibilización del marco legal para llevarla a cabo, en contexto de la epidemia, puede tardar años en revertirse, como alertó el activista Edward Snowden. Muchos gobiernos ya han desplegado nueva tecnología que, además, afectará más a las comunidades más vulnerables, como las personas refugiadas o migrantes.
Estos riesgos se exacerban con la tecnología de reconocimiento facial, que es muy poco precisa y, en cambio, es sesgada contra grupos minoritarios o marginalizados, está comprobado que comete errores especialmente con personas de piel oscura, mujeres y con personas no binarias o transgénero.
Finalmente, en momentos de crisis la adquisición de esta tecnología representa un gasto que podría dirigirse a mejorar la atención de salud y a enfrentar los efectos de la epidemia.
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