Un análisis publicado por la organización Privacy International muestra cómo los smartphones de gama baja son subsidiados mediante un sistema de explotación de datos por diseño, que incluye la instalación de aplicaciones que comparten información sin consentimiento de los usuarios.
Privacy International centra su estudio en el teléfono inteligente MYA 2 de la marca MyPhone, vendido en Filipinas por 19 dólares (aproximadamente 390 pesos mexicanos). El dispositivo incluía una versión antigua del sistema operativo Android, además de un conjunto de apps preinstaladas que tienen acceso a datos como mensajes, llamadas, ubicación, entre otros.
Estas apps, conocidas como bloatware, no se encuentran en la tienda de aplicaciones de Google ni pueden ser actualizadas. Algunas están ligadas al fabricante y son usadas por este para generar formas alternativas de ingresos mediante servicios de mensajes o contenidos con cargo (como frases motivacionales, religiosas o nacionalistas), así como descargas de música, tonos de celular y juegos.
Algunas de las aplicaciones preinstaladas pertenecen a grandes empresas, como el caso de MyPhone Facebook Lite. Estos servicios forman parte de la explotación de datos por defecto, ya que recolectan y transmiten datos de los usuarios aún cuando la app no está abierta o no está enlazada a una cuenta de usuario. Estas apps tampoco pueden ser desinstaladas del teléfono.
Así mismo, este dispositivo cuenta con graves problemas de seguridad, ya que utiliza una versión obsoleta del sistema operativo Android, la cual no puede ser actualizada y, por lo tanto, sus vulnerabilidad no son atendidas. Privacy International señala que Google tiene una responsabilidad en ello, ya que “MyPhone no es una compañía cualquiera que use la versión de código abierto de Android OS, sino un socio certificado de Android”.
Para la organización, para aquellos que solo pueden costear teléfonos baratos como único acceso a Internet, la privacidad se está convirtiendo en un lujo que pocos pueden pagar. “Ser económicamente vulnerable no debe significar la pérdida de sus derechos fundamentales y las empresas tienen una responsabilidad en proteger a sus consumidores (…) Mientras que la tecnología necesita ser accesible para todos, nuestros derechos humanos no deberían ser el precio que hay que pagar”, resalta el informe.
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