La violencia contra mujeres candidatas a través de la tecnología durante la contienda electoral de 2018 tuvo un alcance nacional y en su mayoría fue perpetrada con patrones de violencia machista, concluyó un reciente informe de la colectiva Luchadoras: Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México.
De acuerdo con el análisis hecho por la organización, entre mayo y el 1 de julio de 2018 se registraron 85 agresiones a 62 candidatas en 24 estados del país, éstas fueron cometidas a través de vías como: correo electrónico, llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales.
Los estados que concentraron la mayoría de las agresiones fueron la Ciudad de México y Puebla, ambos con nueve casos, seguidos de Aguascalientes y Querétaro, ambos con cinco, y de Oaxaca y Chiapas, tres cada uno. Sin embargo, la organización advierte que no hay duda que el número de casos es mucho más amplio de lo que se registró en el informe.
Aunque se identificaron nueve tipos distintos de agresiones contra las candidatas, las más frecuentes fueron las expresiones discriminatorias, amenazas y campañas de desprestigio a través de vías como WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook y Twitter.
Un patrón que se logró identificar en varios casos consistió en “una articulación de agresiones que se habilitan entre sí, complejizando y profundizando el daño hacia las mujeres víctimas de esta serie de ataques.”
Llamada “cadena de agresiones” ésta consiste en cuatro situaciones, que se entrelazan y suceden una a la otra, doxxeo; manipulación de la información, elaboración de collages, videos o información falsa; desprestigio y expresiones discriminatorias contra la candidata.
La organización también señala que hay al menos cinco patrones relevantes de agresión analizados desde una perspectiva de género: juicio de carácter sexual, objetualización sexual, agresiones contra familiares, roles de género y apariencia.
Luchadoras concluye que la violencia machista en nuevos medios tecnológicos es una manifestación de la violencia histórica contra las mujeres y fue muy extendida en el proceso electoral, pero permaneció largamente invisibilizada.
“Esta forma de violencia contribuyó a generar un entorno hostil para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las candidatas en la contienda.[…] Es imprescindible que los órganos electorales locales tengan en cuenta su gravedad y la consideren un ámbito de su competencia”, se puede leer en el informe.
