La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en un comunicado su preocupación respecto a las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que ha instado al Estado mexicano a realizar “una investigación exhaustiva e independiente”.
Diversas organizaciones de derechos humanos externaron su alarma por las denuncias de espionaje ante la CIDH durante la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada el 6 de julio de 2017. Durante esta intervención, indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) es incapaz de garantizar una investigación imparcial y autónoma, y que “la única ruta posible hacia la justicia es por medio de la conformación de un panel internacional de expertas y expertos”.
Ante esta situación, la Relatoría Especial hizo un llamado al Estado mexicano a garantizar una investigación exhaustiva e independiente, así como indagar sobre la posible vinculación de entidades estatales en los hechos. También solicitó al Estado “disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados.”
La Relatoría Especial también subrayó que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas “debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo.”
Finalmente, la Relatoría Especial recordó al Estado mexicano su obligación de garantizar el derecho de las personas para “acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje, su alcance y los controles existentes”, incluyendo el marco regulatoria, los contratos de adquisición, los protocolos y procedimientos de autorización, selección de objetivos y manejo de datos; así como la información sobre su uso y control. Así mismo, indicó que “bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que difundan información sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores.”
