Durante una audiencia pública del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se pronunció acerca del uso del malware de espionaje gubernamental Pegasus en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México.
En la audiencia “Justicia e impunidad en México”, Sandra Patargo, oficial adjunta de la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, externó que “en esta mesa hemos evidenciado cómo el Estado mexicano es incapaz de investigarse a sí mismo” y que la desconfianza en las autoridades “se recrudece a la luz del espionaje” en contra de los 15 objetivos del programa Pegasus, documentados en el informe Gobierno Espía, presentado en junio de 2017.
Patargo también señaló que el presidente Enrique Peña Nieto buscó normalizar el espionaje y lanzó amenazas en contra de las personas que expusieron los casos de espionaje. La oficial de ARTICLE 19 también subrayó que los acontecimientos recientes plantean que el gobierno “ve como enemigos a los periodistas y a la sociedad civil crítica”.
Así mismo, Patargo criticó que la PGR “es una de las instituciones que adquirió el software mencionado, lo que los pone en la incómoda situación a investigarse a sí mismos”, por lo que reiteró que la única ruta para asegurar una investigación imparcial es, tal como han exigido las organizaciones, el establecimiento de un panel independiente de expertos internacionales.
En su intervención, Ricardo Sánchez, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, insistió que la PGR cuenta con un plan de investigación, mismo que se presentó públicamente el 26 de junio. El titular de la FEADLE recalcó que la Procuraduría invitó a los afectados a entregar sus dispositivos a la fiscalía para realizar los peritajes correspondientes.
“La pregunta es si el Estado es capaz de investigarse a sí mismo”, respondió Humberto Guerrero, de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al tiempo que señaló que casos como el de Gobierno Espía “plantean un quebranto de los valores más básicos de una democracia participativa”.
