Guadalajara, a 5 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de la sociedad civil mexicana que participamos del Internet Governance Forum 2016 (IGF 2016), el cual se celebra entre el 6 y el 9 de diciembre en Zapopan, Jalisco, denunciamos las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país: desapariciones forzadas, torturas, las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, la persecución y asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. No hay justicia: la corrupción e impunidad son la regla.En un contexto así, la realidad en línea y fuera de ella son lo mismo. Exigimos justicia, respeto y protección de los derechos humanos. Pedimos que los representantes del gobierno mexicano respeten los espacios de diálogo y no repriman actos disidentes en este IGF 2016. Por lo anterior, condenamos las siguientes acciones:
Primero, la interceptación arbitraria de las comunicaciones privadas y el uso de malware de vigilancia para silenciar a periodistas y opositores políticos. Las autoridades mexicanas intervienen comunicaciones privadas y obtienen metadatos de usuarios y su geolocalización en tiempo real a través de medios ilegales: el 99% de estos actos se hacen sin orden judicial. No sólo el gobierno mexicano es el cliente más importante de Hacking Team, sino que además el malware también comprado a otras empresas como NSO Group y FinFisher se usa para espiar a periodistas disidentes. Durante la campaña de 2012, quienes ahora ejercen el poder contrataron un hacker para espiar a sus opositores políticos. Estas acciones son intolerables en un país que se dice democrático.
Segundo, la violencia en línea es una extensión de la violencia estructural contra las mujeres y presenta patrones particulares. México es uno de los países más peligrosos para ser mujer: hay siete feminicidios cada día y muchas de estas agresiones comienzan en línea. Sin embargo, no hay acciones contundentes y efectivas de respuesta ante estos hechos. A la falta de reconocimiento social e institucional de los efectos e impactos que la violencia en línea tiene sobre las mujeres víctimas, se suma un sistema de procuración e impartición de justicia omiso, impune, indolente y desactualizado, que difícilmente brinda garantías para el acceso a una internet libre de violencia hacia las mujeres.
Tercero, las comunidades en condiciones de marginación están fuera del ecosistema de internet. La legislación mexicana fue modificada en 2013, para garantizar el acceso a infraestructura y servicios de internet a las comunidades, pero esta modificación está basada en un modelo de infraestructura pobre para comunidades en situación de pobreza que no garantiza el acceso efectivo y por tanto desconoce este derecho en la práctica.
Como sociedad civil mexicana estamos en contra de estos actos, y nos pronunciamos por una internet libre, abierta y democrática. Pedimos que otros se unan a nuestros esfuerzos para que nuestras demandas sean visibilizadas, discutidas y abiertas al debate público. Juntas decimos #InternetEsNuestra.
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