Un escándalo de espionaje telefónico de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (DIPOL) ha puesto nuevamente en la mira de Colombia la vigilancia masiva ilegal a la que los ciudadanos son sujetos en el país sudamericano.
En diciembre de 2015, un grupo de periodistas de la radio La FM fueron avisados, por una fuente anónima, que estaban siendo monitoreados por la DIPOL debido a una investigación sobre supuestos actos de corrupción y delitos sexuales de altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia (PNC).
Al poco tiempo de destaparse el escándalo la Fiscalía General de Colombia inició una investigación, que fue respaldada por el presidente Juan Manuel Santos. El 17 de febrero de 2016, el director general de la PNC, el general Rodolfo Palomino, renunció a su cargo.
La investigación de la fiscalía tomó en consideración un reporte de la ONG Privacy International, que monitorea la vigilancia estatal alrededor del mundo, para integrarlo a la investigación, en éste se explica que desde 2005 DIPOL ha comprado y utilizado sistemas de vigilancia de redes 3G, una infraestructura de recolección masiva de datos de forma automática, todos de manera ilegal, ya que, de acuerdo con la organización, la dirección no cuenta con las atribuciones de hacerlo.
No solo la estaría la PNC incurriendo en un acto ilegal, sino que lo haría sin el conocimiento de sus ciudadanos, lo que constituiría una profunda violación a los derechos humanos de los colombianos, asumidos permanentemente como criminales por la policía.
Además, uno de los periodistas espiados aseguró que durante una ocasión el cursor de su computadora se movió automáticamente, mientras revisaba documentos sensibles, lo que Privacy Internacional considera como una prueba del posible uso del programa Galileo del Hacking Team, entre cuyos clientes revelados se encontraba Colombia, y de comprobarse sería otra adquisición fuera de la ley de DIPOL.
Éste podría ser considerado como un segundo Caso Chuzada, ya que en 2009 se supo que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mantenía una vigilancia masiva sobre opositores políticos, periodistas, magistrados e incluso funcionarios del Estado, la principal razón por la que en 2011 fue desaparecida la agencia.
