Ciudad de México, 18 de julio de 2021. La investigación Pegasus Project, publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación en todo el mundo, reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil alrededor del mundo, incluyendo México.
Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional. En la investigación participan más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones.
De acuerdo a la información revelada por medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México.
Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados, se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada.
Las nuevas revelaciones confirman los hallazgos publicados en 2017 por las investigaciones conjuntas realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, ya que en la lista referida se incluyen los números de periodistas como Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo.
Estas revelaciones reafirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad. Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas.
A pesar de que desde hace más de 4 años existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, en la que acompañamos las organizaciones firmantes, su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación.
Es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos.
Igualmente, estos nuevos hallazgos reiteran la urgente necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar. Resulta indispensable establecer los controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable.
Frente a lo anterior, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC solicitamos:
- Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
- Que el Presidente de la República y el titular de la Fiscalía General de la República transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
- Que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión impulse, en diálogo con la sociedad civil, una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Contacto para prensa:
Iván Martínez
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
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