Uno de los retos más grandes para el inicio del siglo XX es combatir el analfabetismo digital, especialmente en aquellos países en que la desigualdad genera una brecha digital que afecta el acceso a las tecnologías y a Internet.
En estos casos, es responsabilidad del Estado generar políticas públicas para favorecer el acceso a estas herramientas que permiten a sus ciudadanos vincularse, desarrollarse e interactuar en y a través de un entorno digital.
América ha visto varios de estos programas, teniendo como pionero el Plan Ceibal en Uruguay, aunque también otros países han tratado de implementar esta estrategia, como México y Argentina.
Este último desarrolló el plan Conectar Igualdad, en 2010, dos años después de que fuera puesto en marcha el Plan Ceibal. El programa, de acuerdo con la revista argentina Brando, fue masivo y tuvo como pilar la inclusión.
Una de las principales características del programa fue agregar una opción de software libre para las netbooks, desarrollado en Argentina, llamado Huayra GNU/Linux, además de Windows para que los estudiantes decidieran qué sistema usar y que conocieran que existen opciones no comerciales de software.
Además, esta elección buscaba incentivar el desarrollo local y de herramientas diseñadas para solventar necesidades nacionales, sin una licencia de producto que renovar permanentemente y, por lo tanto, ahorros al erario. Para la organización argentina Asociación por los Derechos Civiles este era un paso importante hacia la soberanía digital.
Aunque, el programa no estaba exento de críticas, ya que los componentes de los equipos eran fabricados en el extranjero. Además, incluir Windows –un software privativo– para las 5 millones de computadoras implicó un gasto para el gobierno argentino, que además fue opaco y cedió ante un contrato confidencial que impide hasta la fecha conocer el costo de las licencias.
Desde su lanzamiento el programa atrajo críticas sobre su verdadero alcance, objetivos y destinatarios, sin embargo, este constituye un gran esfuerzo para llevar acceso y tecnología a una población que no la tenía.
Recientemente, se ha alzado un reclamo contra el aparente desmantelamiento del programa por el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Apenas en marzo pasado 70 trabajadores fueron despedidos del equipo que coordinaba Conectar Igualdad en el Ministerio de Educación y el programa fue trasladado a las provincias para que cada una decidiera cómo administrarlo.
También se ha acusado al gobierno de Macri de planear la eliminación del software libre de los dispositivos y en cambio sustituirlo con el paquete de Microsoft Shape The Future, diseñado para atender a 10 millones de alumnos y capacitar a 1 millón de docentes; una decisión que, sin duda, beneficia a la gigantesca corporación de tecnología.
Que millones de estudiantes utilicen software privativo también implica que su información queda a merced de las empresas que lo desarrollan, que engrosa su base de usuarios y clientes, sin una claridad sobre la forma en que se manejará y resguardará esta información.
Imagen original de De Lahi
