La expansión del poder de Estados y empresas sobre los espacios digitales (sin garantías, rendición de cuentas ni supervisión suficiente) ha generado nuevas amenazas para la seguridad y la labor de las personas defensoras, advierte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe “La protección de los defensores de los derechos humanos en la era digital”.
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales contribuyó mediante el envío de un insumo conjunto con la Clínica de Justicia Internacional de la Escuela de Leyes de Irvine de la Universidad de California, el International Center for Not-for-Profit Law (INCL), el Institute for Policy Research and Advocacy, la Human Rights Journalists Network de Nigeria, entre otros.
En nuestra aportación, una de las preocupaciones señaladas fue la ampliación de las facultades de vigilancia del Estado mediante marcos jurídicos adoptados ante los problemas de seguridad pública. Estas medidas pueden habilitar la vigilancia de las comunicaciones y ampliar el acceso a la información personal.
Además, la creciente recopilación de datos coincide con la expansión de tecnologías de reconocimiento facial y otros sistemas biométricos. Estas tecnologías permiten identificar o seguir a las personas a partir de información sobre sus actividades, relaciones o movimientos, lo que puede comprometer su anonimato y seguridad.
Asimismo, la inteligencia artificial puede potenciar estas capacidades al reducir el costo de analizar grandes cantidades de información y facilitar la desanonimización de datos. Al mismo tiempo, permite que estas formas de control y agresión operen a mayor escala. Como consecuencia, las personas defensoras pueden enfrentar mayores restricciones para actuar y expresarse.
La vigilancia no afecta únicamente a las personas directamente involucradas. Sus efectos pueden modificar la manera en que las personas se comunican, organizan y participan en asuntos públicos, promoviendo conductas de autocensura.
Estos riesgos también están vinculados con el papel de las empresas tecnológicas. Aunque sus servicios son importantes para la labor de las personas defensoras, persisten deficiencias en sus mecanismos de protección, además de retrocesos en seguridad y transparencia. Sus modelos de negocio priorizan el crecimiento basado en la extracción de datos por encima de la protección de derechos.
Un entorno digital seguro para las personas defensoras requiere límites claros a las facultades de vigilancia, una protección efectiva de los datos y mecanismos independientes de supervisión. Desde R3D consideramos que estas garantías deben orientar cualquier regulación o adopción de tecnologías digitales, con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
