Luego de movilizaciones sociales infructuosas en contra del aumento al costo del transporte público en Jalisco, el Gobierno de Jalisco condiciona la tarifa preferencial de dicho sistema a tramitar la tarjeta de débito “Al estilo Jalisco”, operada por la empresa Broxel, y pagar con ese medio.
La tarifa normal será de 14 pesos y se aplicarían subsidios de 3 y 9 pesos a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y estudiantes, respectivamente. La reducción de la tarifa se aplicará sólamente pagando con la tarjeta de Broxel, situación que obliga a adquirir obligaciones contractuales con una compañía privada a cambio de un beneficio social.
Usuarios en redes sociales identificaron que Broxel solicita en el registro de “Al estilo Jalisco” las huellas dactilares y el rostro de las personas. Asimismo los términos y condiciones de la tarjeta permiten compartir los datos de las personas usuarias con socios comerciales de Broxel, sin especificar cuales. La Jornada documentó la caída del sistema del registro de “Al estilo Jalisco” el primer día de su funcionamiento, el 15 de enero.
A la par de la polémica por este condicionamiento han surgido más polémicas por la concesión de contratos a la financiera, misma que se encuentra bajo la lupa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de vales electrónicos a personas servidoras públicas del gobierno federal.
El gobierno de Jalisco ha defendido la operación de “Al estilo Jalisco” con argumentos como la posibilidad de crear historial crediticio de manera sencilla y la posibilidad de recibir remesas con un costo preferente. La idea del gobierno jalisciense es vincular la tarjeta para recibir otros apoyos sociales y usar el sistema de bicicletas públicas de Guadalajara, “Mi bici”. La misma idea de vincular el transporte público y los programas sociales en una tarjeta con los mismos argumentos del historial crediticio y la practicidad digital en alianza con Broxel fue promovida en 2017 por Miguel Ángel Mancera en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Cómo falla el condicionamiento de tarjetas electrónicas a programas sociales
Alrededor del mundo desde la década de los 2000 se popularizaron las tarjetas para recibir apoyos y programas sociales. La organización británica Privacy International (PI) en un informe especial dirigido al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en 2019 recolectó casos en los que los sistemas sociales basados en tarjetas privadas se convierten en herramientas de vigilancia, y aún peor, cuando estos se asocian a datos biométricos producen una serie de consecuencias imprevistas como la negación de un servicio con situaciones como la pérdida de huellas digitales o las muy frecuentes brechas de datos que exponen millones de registros al público.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
