La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá, el miércoles 27 de noviembre. el juicio de amparo en revisión 74/2024, mediante el cual R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales combate la constitucionalidad de la recolección masiva de datos de geolocalización de personas usuarias de servicios de banca en línea.
El 22 de marzo del 2019 se publicó la “Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito” (Disposiciones), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Conforme a las Disposiciones, los bancos están obligados a recabar, almacenar y transferir nuestra geolocalización cada vez que usamos sus servicios de banca en línea, con el fin de identificar a personas sospechosas de lavado de dinero y terrorismo.
Sin embargo, los bancos realizan una recolección masiva e indiscriminada de todas las personas usuarias de los servicios financieros, con un almacenamiento prolongado “no menor a diez años” y sin ningún tipo de control en la entrega que se pueda hacer de dichos datos.
Lo anterior incrementa los riesgos de vulneración de un cúmulo de información referente a los aspectos más íntimos de las personas. Con la geolocalización en tiempo real, se puede hacer un perfil exhaustivo de las millones de usuarias de servicios financieros al rastrear sus movimientos. Es decir, si las personas realizan dicha operación en donde viven, trabajan, cuando visitan a sus personas más cercanas, van a una cita médica, o cuando desarrollan cualquier actividad que se relaciona, por ejemplo, con su vida sexual, política o religiosa, están rastreando sus hábitos.
Por lo que ello, frente a los riesgos y amenazas que dichas Disposiciones representan para varios derechos, como la privacidad, protección de datos personales y libertad de expresión, y ante la negativa de las instituciones bancarias y del INAI de cancelar los datos de geolocalización, desde R3D interpusimos un juicio de amparo, mismo que será resuelto en la Segunda Sala, bajo la ponencia del Ministro Laynez Potisek.
De aprobarse, se concederá el amparo para el efecto de que la persona quejosa pueda realizar operaciones bancarias no presenciales sin necesidad de ser geolocalizada, al determinar que la geolocalización de usuarias de banca en línea prevista en las Disposiciones es inconstitucional.
Con ello, se obliga también al INAI a emitir una nueva resolución en la que se modifique la respuesta dada por la institución bancaria –en este caso, BBVA México–, a fin de asegurar que no se apliquen a la quejosa las normas declaradas inconstitucionales en materia de geolocalización.
Dentro de los puntos más destacados en los que se sustenta esa conclusión, destacamos que la SCJN reconoce que la geolocalización permite establecer un patrón de comportamiento o, incluso, un estilo de vida de las personas usuarias de los servicios financieros en línea. Al ser un dato personal, se examina si las Disposiciones tienen un fin constitucionalmente válido, son idóneas, necesarias y proporcionales.
En esta línea, la Corte concluye que la medida de geolocalización es innecesaria, al existir medidas menos lesivas para que los bancos colaboren en materia de seguridad pública, como lo es el establecimiento de sistemas de riesgo. Así, refiere que la geolocalización de todas las usuarias de servicios bancarios en línea, sin distinción alguna, implica que las normas reclamadas generen un estado de vigilancia sin sustento constitucional alguno.
De igual forma, la SCJN determina que la medida es desproporcional, ya que los bancos pueden entregar a la SHCP la geolocalización de las personas, sin autorización judicial o alguna otra restricción, medida o salvaguarda que asegure al titular de los datos personales su debido uso. En este sentido, critica tanto que la única medida de seguridad que se prevé es que la información se transfiera “en sobre cerrado”, así como que las personas puedan ser permanentemente geolocalizadas, independientemente de que cometan o no delitos.
Finalmente, concluye que el consentimiento para ser geolocalizadas no es libre ni previo cuando está condicionado a la utilización del servicio en línea. Por lo que, de negarse a ser geolocalizadas, las personas pierden la posibilidad de utilizar los servicios en línea de los bancos.
Así mismo, en la acción de inconstitucionalidad 82/2021, resuelta en sesión de 26 de febrero de 2022, la Supema Corte analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con la creación y regulación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). En ese asunto, el Pleno reconoció que el derecho a la privacidad protege esa esfera del individuo contra las intromisiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las que se ejerce la autonomía personal.
Por todas las razones anteriores, consideramos que, de ser aprobado el proyecto, la sentencia representará un precedente fundamental en contra de disposiciones legales que implican medidas de vigilancia injustificadas –como lo es la actual geolocalización realizadas por las instituciones de crédito– y se sumará a otros precedentes judiciales que han representado un hito en el desarrollo del derecho a la protección de datos en nuestro país.
