El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional sobre una directiva para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en plataformas digitales. La directiva representa un esfuerzo legislativo de la Unión Europea por reglamentar la gestión algorítmica y establecer condiciones laborales mínimas.
El trabajo en plataformas digitales es una forma de empleo en la que alguien se sirve de una plataforma en línea o aplicación para acceder a personas con el fin de solucionar problemas concretos o de ofrecer servicios específicos a cambio de una retribución, como es el caso de plataformas famosas como Uber, Didi, Rappi, entre otras.
La Unión Europea cuenta con 28 millones de trabajadores que laboran a través de una o varias de estas plataformas digitales y se prevé que en 2025 esa cifra alcance los 43 millones. La mayoría de estos trabajadores de plataformas, incluidos taxistas, trabajadores domésticos y conductores de reparto de alimentos, son formalmente trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, tienen que respetar muchas de las normas y restricciones que tienen quienes laboran para un empleador.
La Directiva dará mayor transparencia al empleo de algoritmos para la gestión de los recursos humanos, al garantizar que los sistemas automatizados sean supervisados por personal cualificado y que los trabajadores tengan derecho a impugnar las decisiones automatizadas. También ayudará a determinar correctamente el estatuto laboral de las personas que trabajan para plataformas digitales, lo cual permitirá a dichas personas acogerse a todos los derechos laborales que les asistan.
Por otra parte, el acuerdo también prohíbe el empleo de sistemas automatizados de supervisión o de toma de decisiones para el tratamiento de ciertos tipos de datos personales de quienes trabajan para plataformas digitales, como datos biométricos o datos sobre el estado emocional o psicológico de estas personas.
Por ejemplo, en el pasado, Uber se vio envuelto en una polémica por rastrear la actividad de conductores después de terminado el viaje, argumentando que esta característica les permitía optimizar los procesos para recoger, dejar a los usuarios y mejorar la seguridad, pero la funcionalidad fue calificada como un riesgo para la privacidad por diversas organizaciones internacionales.
Ahora que se ha logrado este acuerdo, los Estados miembros de la Unión Europea contarán con dos años, a partir de que se decrete la adopción de la directiva, para incorporar estas provisiones dentro de sus legislaciones nacionales.
