El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por nueve votos contra dos, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar la versión pública de la información que posee acerca de la investigación del caso Pegasus.
En la sesión del martes 6 de febrero, la Corte resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que buscaban impugnar una resolución del INAI que ordenaba a Hacienda la entrega de estos documentos.
Con esta decisión, la Corte ratifica el criterio del INAI de considerar infundada la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, por lo que la dependencia deberá proporcionar la versión pública de la información recabada por la UIF para investigar la red de empresas comercializadoras de Pegasus entre 2012 y 2018.
La información solicitada derivó de diversos datos que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, presentó sobre el “Caso Pegasus” en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 de julio de 2021.
Celebramos que nueve ministros y ministras de la Suprema Corte hayan votado en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, reconociendo el interés público de la divulgación de la información relacionada al Caso Pegasus. Su decisión también envía un mensaje claro respecto del uso injustificado de la reserva de información por razones de seguridad nacional sin demostrar un riesgo real, demostrable e identificable.
Igualmente, las organizaciones firmantes exigimos que las dependencias del gobierno federal dejen de obstaculizar el acceso a la información pública relacionada con la adquisición y uso del malware Pegasus, ya sea de los abusos cometidos por autoridades de administraciones pasadas, como en los casos documentados de espionaje ilegal perpetrados en este sexenio.
Finalmente, esta decisión demuestra el importante papel del INAI y del Poder Judicial Federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como lo insensato que resulta promover su desaparición o minar su autonomía.
