En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno de México recibió recomendaciones puntuales por parte de Costa Rica y Países Bajos acerca de la vigilancia ilegal cometida en el país en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Previo a la celebración del EPU, en las sesiones preparatorias, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales ─en conjunto con Privacy International─ presentó el informe sombra El derecho a la privacidad en México (The Right to Privacy in Mexico), donde se documentan los recientes ataques con el malware Pegasus en contra de la sociedad civil, con especial preocupación en aquellos atribuibles al Ejército mexicano.
En su intervención, Costa Rica pidió al gobierno mexicano “atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”, mientras que Países Bajos recomendó “investigar y sancionar a aquellos responsables de actos de vigilancia ilegal en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través del uso de tecnologías de vigilancia, de forma independiente, diligente y exhaustiva, en cumplimiento total de los estándares internacionales”.
Otros países, como Canadá y Suecia, enviaron preguntas con antelación al gobierno mexicano en relación a la vigilancia ilegal. Canadá preguntó, en específico, cuál son los pasos que está tomando México para prevenir el abuso de malware en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte, Suecia inquirió al gobierno sobre las reformas y acciones que planea tomar para prevenir, investigar efectivamente y asegurar la rendición de cuentas en los casos de vigilancia ilegal con software intrusivo en contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
De igual forma, diversos Estados resaltaron su preocupación por los temas de militarización y ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los países reiteraron a México recomendaciones sobre mayores controles a las fuerzas armadas, así como la necesidad de medidas legislativas, de investigación y reparación para garantizar que el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se desarrolle en un entorno seguro y libre.
Desde R3D hacemos un llamado al gobierno de Mexico a aceptar las recomendaciones realizadas y, en consecuencia, asegurar que no persista la impunidad de los casos de espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos; del mismo modo, a impulsar una agenda de reformas que establezca controles democráticos a la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, de manera que se garantice la no repetición de los hechos.
Agradecemos a las delegaciones de Costa Rica y Países Bajos por sus recomendaciones, a Canadá y Suecia por hacer preguntas al Estado mexicano respecto de la vigilancia digital, y les conminamos a dar seguimiento a las mismas.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
