Manifestamos nuestra preocupación por la amplia delegación de facultades del Fiscal General de la República a toda persona agente del Ministerio Público para llevar a cabo técnicas de investigación como la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones, la geolocalización en tiempo real, entre otras.
Son abundantes los indicios de abuso de estas técnicas de investigación por parte de diversas fiscalías, incluyendo en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además, por años hemos documentado evidencia sobre la ausencia de salvaguardas adecuadas para prevenir, detectar y evitar la impunidad de los abusos.
Por ello, resulta fundamental que antes de ampliar todavía más el número de personas con posibilidad de solicitar las mencionadas técnicas de investigación, se lleve a cabo
una profunda revisión y reforma del marco legal que regula tareas de vigilancia estatal, como ha sido recomendado por organismos internacionales de derechos humanos.
Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que —en un proceso abierto en donde tenga participación la sociedad civil— se emprenda un proceso de reforma integral a las tareas de vigilancia. Igualmente se anuncia que en los próximos meses nuestra organización hará pública su propuesta integral de reformas para garantizar que nunca más se abuse de herramientas tecnológicas que deberían ser utilizadas exclusivamente para hacer frente a la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, para el espionaje ilegal y la persecución autoritaria.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
